Ciudad de México
El Infonavit cuenta con los recursos financieros y la capacidad legal para impulsar la construcción de 75 mil viviendas anualmente, aún sin la reforma al Artículo 123 constitucional, lo que podría resultar en la construcción de hasta 500 mil viviendas durante los próximos seis años.
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La legislación vigente del Instituto ya permite invertir los ahorros de la derechohabiencia en desarrollo habitacional y compra de reserva territorial, siendo este último aspecto un factor esencial para fomentar la creación de verdadera vivienda social.
De acuerdo con el artículo 42, párrafo 3, de la Ley del Infonavit, los recursos del Instituto se destinarán en primer lugar al financiamiento de la construcción de conjuntos de habitaciones para ser adquiridos por los trabajadores. Además, en el artículo 3, párrafo 3, se establece que el Instituto tiene por objeto coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores.
El titular de la Dirección Sectorial de los Trabajadores (DST) del Infonavit, Mtro. Mario Macías Robles, destacó:
“Independientemente de lo que se debata en la Cámara de Diputados sobre la Reforma, la solidez financiera del Instituto y la normatividad actual posibilitan invertir en construcción de vivienda social para abordar el desabasto y garantizar un derecho fundamental de millones de familias obreras”.
En un contexto donde los precios de la producción inmobiliaria en el mercado están fuera de la capacidad adquisitiva de casi la mitad de los derechohabientes del Infonavit con acceso a crédito, es decir superiores a los 500 mil pesos, y la escasez de oferta asequible afecta a los 76 millones de derechohabientes, en especial a 5.5 millones que ya están precalificados, podemos construir acciones colaborativas entre los sectores para atender la demanda.
“Una cuestión clave para garantizar el acceso a la vivienda social es establecer alianzas interinstitucionales e intergubernamentales para generar mecanismos que permitan la reducción de costos por metro cuadrado y faciliten el acceso a suelo adecuado, así como atender la agenda real que surge de las demandas y solicitudes de los trabajadores para diseñar las políticas en esta materia hacia el futuro”.
La DST propone colaborar con los gobiernos estatales y municipales para impulsar propuestas concretas y tangibles, tales como la reducción de costos de impuestos y permisos, en colaboración con las organizaciones sindicales y el sector privado, para desarrollar soluciones efectivas y equitativas para combatir la escasez de oferta inmobiliaria asequible.
