Toluca/Estado de México
El Estado tiene una deuda pendiente con mujeres que denuncian violencia, al no dar la atención oportuna sobre todo en casos de feminicidio; tampoco existe una fiscalía modelo para que las investigaciones sean eficaces; y faltan recursos y personal capacitado; por ello, las organizaciones sociales son esenciales en el acompañamiento a víctimas de violencia de género, coincidieron especialistas y académicos al participar en la Mesa 3: Feminicidios: la irracionalidad extrema del 2º Congreso Internacional de Derechos Humanos: Vulnerabilidad humana y crisis institucional.
En la mesa moderada por la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alejandra Flores Martínez, la especialista Patricia Lucila González Rodríguez, quien impulsó la investigación sobre las muertas de Juárez al fungir como procuradora de Justicia de Chihuahua en ese entonces, señaló que el tema del feminicidio debe ser prioritario en la agenda nacional, sin embargo, falta una planeación estratégica que permita establecer una política pública para prevenirlos, disminuirlos y erradicarlos en el país.
Señaló que este problema tiene que ver con estructuras patriarcales insertas en la población e instituciones públicas, aunado a la falta de una política criminal que incluya la educación y capacitación para evitarlos; asimismo, propuso incorporar en las áreas de atención a especialistas en psicología clínica y en psicología cognitiva, para conocer la narrativa de víctimas directas y testigos directos de un hecho, ya que esto dará mayor soporte a la investigación.
El investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, Luis Alfonso Guadarrama Rico, señaló que la violencia de género no es algo nuevo, pues se permitía en la relación conyugal, matar a hijos y otras actitudes aprendidas a través de la televisión, pero hoy aparece una nueva sensibilización para desnormalizar ciertas conductas, por el alto costo que tienen las relaciones de pareja, en el campo laboral, y los diversos ámbitos.
Refirió el avance en leyes, protocolos y creación de instituciones en la entidad mexiquense, pero cuestionó si vamos por el camino correcto, ya que ostenta el segundo lugar en presuntos delitos de feminicidio y aunque se tienen declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres y por desaparición, no hay recursos, personal capacitado, ni condiciones para atender la situación, lo cual es irracional. Detalló que ante el aumento de feminicidios se debe constituir un fondo federal con recursos etiquetados para capacitar al personal y reparar el daño; crear bases de datos; fortalecer la cultura de paz y hacer una evaluación exógena de las acciones realizadas.
La investigadora de la Universidad de Quintana Roo, Yunitzilim Rodríguez Pedraza, expresó que no se reconoce que la violencia es estructural y es aceptada por parte de las autoridades; aunque la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) no es una solución, implica el reconocimiento de que el Estado Mexicano es incapaz de proteger a las mujeres.
Hay muchos retos, dijo, pero el desarrollo de políticas públicas ayudará a cambiar roles de género, para lo cual se necesita una sociedad más activa y participativa para lograrlo.
El investigador de la Universidad de Texas en Austin, Héctor Domínguez Ruvalcaba, mencionó que la crueldad es una cultura que aprendemos y sostenemos, es decir no se aplica solo a los autores de crímenes de mujeres, sino que existe una base cultural para cometer feminicidios.
Aclaró que no se requieren alertas de género o más policías, sino un cambio cultural profundo, el cual no se da de la noche a la mañana.
La crueldad, junto con la cultura del hedonismo y la indolencia son recurrentes, insistió, y ésta última está detonando situaciones estridentes y vandálicas, ante el hartazgo de la sociedad; expresó que las autoridades deben actuar con diligencia, por ser su obligación constitucional y es imperante prevenir más disturbios, ante la inmovilidad, falta de sensibilidad y abuso hacia la ciudadanía.
Patricia Ravelo Blancas, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, se refirió al uso de plataformas digitales para reclutar mujeres y niñas con fines de explotación sexual; detalló que hay sitios cibernéticos que ofrecen trabajos de artistas; sobre falsos ofrecimientos de dinero a mujeres embarazadas; de influencers; comercialización de muñecas que representan a mujeres golpeadas para prácticas sádicas, entre otros temas.
A través de este trabajo, indicó, se ha aproximado a un aspecto de la delincuencia organizada que usan las plataformas digitales para reclutar mujeres, prostituirlas y convertirlas en esclavas modernas, siempre con la complicidad del Estado.
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