San Salvador Atenco
Tras advertir que a pesar de los esfuerzos y avances que se han registrado en materia de aprobación de leyes como la de Desaparición Forzada y la ley general para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, Jan Jarab, titular de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos (ACNUDH), sostuvo que todavía hasta la fecha las agresiones a defensores de los derechos humanos continúan, y uno de los principales problemas es la impunidad y la profunda desigualdad que padece México.
Durante su primera visita a este municipio, para conocer las condiciones que viven los defensores de la tierra que se han opuesto al proyecto del NAICM y que se han aglutinado en el frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la Vida Digna (FPDTIV), Jan Jarab destacó que desde hace dos años que vive en México ha documentado junto con su equipo de trabajo, varios casos de agresiones de defensores en distintas partes de este país, sobre quienes han alertado a las autoridades, “y entre estos casos se encuentran las mujeres víctimas de tortura del caso Atenco, recientemente presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El titular de la oficina del Alto Comisionado en México de la ONU en derechos Humanos, dijo al dirigirse a los pobladores de Atenco así como a los que vinieron de municipios vecinos y se reunieron en la plaza principal de esta localidad, que reconoce profundamente el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, pues son quienes garantizan un democrático estado de derecho, además de que demuestran su total compromiso con sus conciudadanos, al entregarse de manera valiente y decidida a combatir los abusos de autoridad y de corrupción.
Abundó al comentar, que cuando los defensores de derechos humanos inician un trabajo en defensa del agua de la tierra, por el acceso a la justicia, por el medio ambiente sano, por el acceso a una vivienda digna, por la libertad de expresión, porque combaten la violencia hacia las mujeres en todas sus formas o por que exigen educación de calidad, tendrán siempre el acompañamiento de la oficina de la ONU.
Jan Jarad añadió que tampoco se debe olvidar actualmente a los familiares de las personas desaparecidas en los últimos años, “pues sabemos que ellos conformados en colectivos, se han convertido en defensores de derechos humanos, cuando se enfrentan a uno de los fenómenos más dramáticos que vive México hoy”.
También se refirió al peligro que corren todos los defensores de derechos humanos en México y en particular mencionó a los integrantes de pueblos como el de San Salvador Atenco y municipios vecinos; “por supuesto estamos conscientes de cómo esa labor es particularmente importante y también peligrosa, cuando se enfrenta a la política de megaproyectos que junta intereses políticos y económicos y, a menudo, genera una fuerte deslegitimización, estigmatizando a las personas defensoras como enemigas del desarrollo”.
Por ello, subrayó: “en situaciones como estas se debe destacar la necesidad de consultar a los pueblos indígenas, antes de emprender proyectos económicos que afecten sus territorios; urge que estas consultas sean verdaderamente previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas y evidentemente que sean consultadas también las comunidades no indígenas cuando los proyectos afectan a sus intereses” , precisó.
Agregó que ante la estigmatización, acoso judicial, amenazas, despojo, daño material de trabajo e incluso hasta la criminalización que sufren los defensores y defensoras de derechos humanos en la actualidad, es notorio, entonces, la necesidad de protegerl@s, “por lo que es el estado, quien tiene ese deber de dar respuesta a esta necesidad de pasar por estrategias claras y reales que combatan la impunidad que persiste”.
De lo contrario, resaltó: “esas represalias contra los defensor@s de derechos humanos arrebatarán a la sociedad sus voces más críticas, que aunque poco visibles, inhiben su labor y fomentan la autocensura”.
