Cuautitlán Izcalli
Las autoridades municipales de esta localidad iniciarán un proceso administrativo contra Juan Carlos Sánchez Tapia, tesorero de la administración 2012-2015 encabezada por Karim Carvallo Delfín y terminada por Erik Martínez Domínguez, al no haber cumplido un laudo laboral por 18 millones de pesos.
Lo anterior se desprende de la sesión de Cabildo realizada en esta demarcación, donde los ediles declararon también imposibilitada a la administración para dar cumplimiento a ese ordenamiento de la junta laboral.
Fuentes del gobierno refirieron que el procedimiento se inició contra el ex funcionario, porque el actual gobierno municipal 2016-2018 no recibió durante la entrega-recepción, la documentación que avalara el acuerdo del ex tesorero con el demandante para llevar a cabo el embargo de cuentas y proceder al pago respectivo.
Sánchez Tapia llegó a un acuerdo con los demandantes para cubrir el pago mediante el embargo de una cuenta, pero no lo hizo ni lo reportó a las autoridades al momento de realizarse el cambio de responsabilidades.
Ante ello, los ediles aprobaron por unanimidad iniciar proceso administrativo disciplinario contra el ex tesorero municipal, luego de que potencialmente hizo caso omiso al ordenamiento judicial de embargar la cantidad de 18 millones de pesos a fin de cumplir con el referido laudo.
En la sesión de Cabildo, los integrantes de la Comisión de Hacienda, conformada por Denisse García, primera síndico; Gustavo Schiavon, segundo síndico y Juan Antonio Paredes, tercer síndico, así como los regidores Aquilino Salgado y Miguel Ángel Loa, determinaron que no existe recurso alguno embargado por la cantidad de 18 millones de pesos que se haya notificado en la entrega-recepción, ni dicha administración dejó el referido recurso para dar cumplimiento al laudo.
Al respecto, Miguel Ángel Loa, décimo segundo regidor y vocal de la Comisión de Hacienda, sostuvo que tuvieron los argumentos suficientes para que el ayuntamiento inicie procedimiento administrativo disciplinario en contra del tesorero de la administración 2013-2015, en virtud de haber sido el depositario de los recursos embargados, punto que fue aprobado por unanimidad.
Cabe decir que recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destituyó al ayuntamiento de Coacalco 2016-2018 y sancionó también al que conformó la administración 2013-2015 por desacato, al negarse a cumplir un ordenamiento para cubrir un laudo por 4 millones de pesos. Los ediles fueron vinculados a proceso y podrían ser inhabilitados diez años para ejercer cualquier cargo público.
