San Mateo Atenco/Estado de México
Antecedentes del conflicto
Lo que inició como un conflicto administrativo entre el organismo operador del agua municipal y una desarrolladora inmobiliaria derivó en una crisis social que mantiene sin suministro de agua potable al Condominio Acantto, afectando directamente a decenas de familias mexiquenses.
De acuerdo con antecedentes documentales, el desarrollo obtuvo en 2016 y 2017 las factibilidades y autorizaciones correspondientes por parte del propio organismo operador, mismas que fueron reconocidas posteriormente en un convenio firmado en 2022 por autoridades municipales. No obstante, en abril de 2025 el organismo notificó que no realizaría trámite alguno relacionado con el condominio, extendiendo la negativa tanto a la empresa desarrolladora como a los condóminos.
Suspensión del suministro y afectaciones
Desde finales de noviembre de 2025 el suministro fue interrumpido. Los residentes han tenido que contratar pipas de agua para cubrir necesidades básicas, lo que ha generado gastos extraordinarios, mientras continúan recibiendo y pagando recibos del organismo municipal por un servicio que no reciben.
Vecinos señalaron como responsable directa de estas decisiones a la directora del organismo operador del agua, Karla María Arzate Martínez, a quien atribuyen la suspensión del suministro y la negativa de trámites administrativos. Tanto la desarrolladora como diversos condóminos han promovido amparos, demandas y denuncias formales, al considerar que las medidas podrían constituir actos ilegales y violatorios de derechos fundamentales.
Revisión judicial y marco legal
En la denuncia se argumenta que el corte del suministro no obedece a un problema técnico, sino a decisiones administrativas actualmente sujetas a revisión judicial. Según documentación del caso, existirían resoluciones que habrían ordenado restablecer el servicio, aunque hasta ahora no se ha informado sobre su cumplimiento efectivo.
Especialistas consultados refieren que el Código Penal del Estado de México establece que incurre en abuso de autoridad el servidor público que realiza actos arbitrarios en perjuicio de particulares o niega un servicio que tiene obligación legal de prestar. De acreditarse condicionamientos indebidos para restablecer el suministro, podrían configurarse otras conductas ilícitas.
El caso también se enmarca en el derecho humano al agua, reconocido en el artículo 4° de la Constitución mexicana, que garantiza el acceso, disposición y saneamiento de agua suficiente, salubre y asequible. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el suministro no puede suspenderse totalmente en domicilios particulares, aun por falta de pago, debiendo garantizarse al menos el mínimo vital.
Impacto patrimonial y posibles responsabilidades
Además del impacto inmediato en la vida cotidiana, los residentes advierten afectaciones patrimoniales, como gastos en abastecimiento alterno, pérdida de plusvalía e imposibilidad de comercializar las viviendas en condiciones normales. En términos legales, podría analizarse la figura de Responsabilidad Patrimonial del Estado si se acredita daño económico derivado de un acto administrativo irregular.
Hasta el momento, las autoridades municipales han señalado presuntas irregularidades y adeudos relacionados con la desarrolladora; sin embargo, los habitantes sostienen que no forman parte de ningún litigio empresarial y exigen una solución que garantice el restablecimiento del servicio. El caso podría escalar ante instancias de derechos humanos y autoridades estatales si no se alcanza una resolución pronta.
Datos
1. ¿Por qué no hay agua en el Condominio Acantto en San Mateo Atenco?
El suministro fue suspendido desde finales de noviembre de 2025 por decisiones administrativas del organismo operador municipal, actualmente en revisión judicial.
2. ¿Los vecinos siguen pagando el servicio?
Sí. Los residentes reportan que continúan recibiendo y pagando recibos pese a no contar con suministro de agua potable.
3. ¿Qué acciones legales se han promovido?
Se han interpuesto amparos, demandas y denuncias formales para exigir el restablecimiento del servicio y revisar la legalidad de las decisiones administrativas.
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