La pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la precarización son problemáticas asociadas al bajo desarrollo de nuestro país. Adicionalmente, la deficiente capacidad gubernamental en materia preventiva, el desmedido extractivismo y la degradación medioambiental han incrementado la vulnerabilidad social y la exposición a múltiples amenazas. Los registros del impacto socioeconómico por desastres son inocultables y mantienen una tendencia sostenida al alza, desde 1999 al 2022, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).
En las últimas dos décadas, casi el 90% del gasto público para la atención de desastres ha sido empleado en las fases de auxilio y reconstrucción por daños provocados por fenómenos hidrometeorológicos, generalmente el paso de ciclones tropicales y, extraordinariamente, por los daños de los recientes sismos. Otro dato relevante lo provee la última Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI, 2020), que indica que casi 14 millones de viviendas en todo el país están vulnerables pues presentan problemas estructurales (fracturas, pandeos de lozas, deformación de columnas, etc.), inequívocos antecedentes de un colapso en caso de presentarse un sismo fuerte.
Otra arista menos conocida es la del impacto económico de las familias afectadas, posterior al desastre. Más allá de sus viviendas o patrimonio perdidos, el fuerte golpe a la economía del día a día y sus fuentes de trabajo truncadas por posibles desplazamientos forzados por el desastre, constituyen una vuelta a la normalidad que tarda mucho en consolidarse y a veces nunca se logra. Y si hablamos de la salud, la situación se oscurece más.
¿Qué hacer entonces? Dejar de pensar, primero, que la protección civil y la gestión de riesgos de desastre es una labor de las corporaciones de atención a emergencias, de la SEDENA, la Marina, la Guardia Nacional, la Cruz Roja y los Cuerpos de Bomberos. Estas honorables instituciones brindan auxilio y salvaguarda a la población; son expertos y gozan de admiración y respeto por la población. ¿Pero ellos no se van a encargar de que las calamidades no ocurran, que estas se prevengan o mitiguen? Los responsables están en otro lado. El problema está en el desarrollo. Ahí tenemos mucho retraso y ceguera gubernamental.
¿Quién evalúa los riesgos socioambientales? ¿De dónde salen las políticas públicas, las estrategias y líneas de acción para que en los lugares en donde ya hubo desastres no se vuelvan a repetir? Pensemos en Otis, o en los enormes y devastadores incendios forestales que cada año se duplican. Salen de ningún lado, porque aunque se tengan las herramientas, el equipo y la infraestructura, los mecanismos financieros y el andamiaje legal, no existe una Súper Secretaría de Estado, Institución u Organismo con tal capacidad, transversalidad y poder para concretar acciones contundentes, eficientes y duraderas.
Es increíble que las Dependencias que tienen potestades claras para actuar y definir políticas públicas preventivas carezcan de estructura operativa y presupuesto suficiente para imponerse jerárquicamente a otras y prevalezcan los criterios preventivos, como le ocurre a la Coordinación Nacional de Protección Civil, cuya estructura operativa y capacidad presupuestal son raquíticas. Y aquellas Dependencias que cuentan con suficiente cobertura, infraestructura y presupuesto no las apliquen por no estar dentro de sus atribuciones específicas.
Para documentar nuestro optimismo, tenemos un Atlas Nacional de Riesgos desde hace tres décadas, convertido hoy en un instrumento robusto, eficaz y suficiente para el análisis y la prospectiva de prevención de riesgos. ¿Quién lo consulta? Estudiantes, Investigadores Académicos y Servidores Públicos responsables de Protección Civil. ¿Cuál es su capacidad de influencia ante el poder económico y político? Ellos, los dueños del capital, del territorio y del poder tienen otros datos, otras prioridades.
¿Se planean las ciudades y la convivencia social conforme al lucro y el acaparamiento de las oportunidades de negocio o conforme al desarrollo de las potencialidades ciudadanas procurando proyectos sustentables y armónicos con el medio ambiente? Los factores que permitirían incidir en la reducción de riesgos y de los impactos de las emergencias y los desastres no se incorporan dentro de los mecanismos de Planeación Nacional del Desarrollo, por eso nuestras políticas son enteramente fallidas, repetitivas. Son un cuento. ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa
Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre
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