Las responsabilidades administrativas no son un asunto exclusivo de abogados, tribunales o servidores públicos, pero en realidad tienen que ver con nuestra vida cotidiana, toda vez que una conducta indebida puede traducirse en recursos públicos mal utilizados, contratos irregulares, trámites condicionados, decisiones arbitrarias o servicios públicos deficientes.
Ante esta situación, es necesario que quien actúe mal responda y que esas conductas se investiguen y, cuando corresponda, se castiguen, pero para ello se requieren reglas claras para hacerlo, porque una mala regulación puede dejar sin efecto una sanción legítima o incluso provocar que alguien enfrente un procedimiento que nunca debió iniciarse.
Por eso, definir quién puede crear una falta administrativa y qué puede decidir sobre ella, su gravedad y sus consecuencias sí importa; una regla mal construida puede provocar justamente lo que el sistema pretende evitar, que una conducta indebida quede sin sanción o que una persona enfrente un procedimiento sustentado en una norma que después resulte inválida.
Este escenario propició que, en 2015, se creara el Sistema Nacional Anticorrupción y, a partir de entonces, la Ley General de Responsabilidades Administrativas estableció reglas comunes para todo el país sobre faltas, sanciones, procedimientos y las autoridades encargadas de aplicarlos.
Este diseño acotó las facultades de los congresos locales, sin eliminarlas. Incluso la Suprema Corte de la Nación ha ido precisando qué decisiones no pueden tomar, por ejemplo: no pueden ampliar libremente el catálogo de faltas administrativas graves, modificar su clasificación ni cambiar qué autoridades deben intervenir en cada caso. Incluso se han invalidado ordenamientos estatales que incorporaban faltas graves no previstas en la ley de aplicación general.
La mayor incertidumbre aparece al intentar responder la pregunta en sentido contrario: ¿qué sí pueden hacer los congresos locales? Los criterios han sido más claros para señalar lo que tienen prohibido que para definir con precisión aquello que todavía pueden regular.
Esa falta de claridad tiene consecuencias concretas, porque los congresos locales legislan primero y la Corte revisa después y, para entonces, una norma pudo haber entrado en vigor, dar lugar a procedimientos y afectar directamente a personas. Cuando eso ocurre, no solo se pone en duda la norma; también pueden quedar comprometidas las actuaciones realizadas con base en ella y las decisiones adoptadas por las autoridades.
La solución tampoco está en permitir que cada entidad federativa diseñe por su cuenta el régimen de responsabilidades. Lo necesario es distinguir con mayor precisión qué debe permanecer uniforme en todo el país y qué pueden regular los congresos locales sin alterar las reglas comunes. Al fin de aclarar esas facultades no debilita la posibilidad de sancionar; por el contrario, la fortalece. Una falta clara, creada por quien tiene facultades para hacerlo y aplicada mediante un procedimiento válido, da mayor seguridad tanto a la autoridad como a quienes están sujetos a esas reglas.
Pero esta discusión no debería quedarse únicamente en los congresos locales, los tribunales o las oficinas públicas, pues a la ciudadanía también le corresponde exigir normas que permitan sancionar verdaderamente los abusos, vigilar cómo se construyen y aplican y entender que combatir la corrupción no consiste solo en castigar más, sino en hacerlo bien. Una sociedad que exige consecuencias también tiene derecho a exigir que el poder público actúe con límites y reglas claras.
Involucrarse también significa no conformarse con que una conducta sea señalada como indebida, sino saber si la actuación del Estado tiene reglas claras y protege al mismo tiempo el interés público y los derechos de las personas. Porque una sanción que queda sin efecto por una mala norma no fortalece a las instituciones; las debilita y alimenta la percepción social de impunidad.
Un sistema de responsabilidades solo es fuerte cuando puede sancionar sin improvisar y ejercer el poder sin excederlo. Porque cuando el Estado no conoce con claridad los límites de su poder, no solo pone en riesgo sus propias decisiones, sino también a las personas y la confianza de todos en que la ley sirve, de verdad, para protegernos.
En colaboración con Maricarmen Becerril Álvarez
