Con el propósito de establecer las normas básicas y los instrumentos para plantear y regular el ordenamiento territorial, los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la entidad, con base en la coordinación entre estado y municipios para el diseño de programas y políticas públicas en la materia, el diputado Reynaldo Navarro de Alba (PRI) planteó reformas a los códigos Administrativo y Financiero del Estado de México.
En la zona arqueológica de Teotihuacán, declarada recinto oficial de la más reciente sesión de la 59 Legislatura mexiquense, el también secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano, propuso redefinir la tipología de la vivienda, de tal manera que aquellos conjuntos habitacionales que hoy pasan por residenciales sin alcanzar los requisitos, se conviertan en conjuntos de vivienda popular progresiva.
De acuerdo con el legislador, en la entidad la ocupación del territorio con fines urbanos, incluido el suelo sujeto al régimen ejidal y comunal, requiere este nuevo marco legal que respete el derecho de las personas, que sea amigable con el ambiente y considere la escasez de los recursos hídricos.
Agregó que esta necesidad deriva del progresivo crecimiento de las urbes, pues México ha pasado de ser un país predominantemente rural a uno urbano, toda vez que en 1950 la población urbana era 29 por ciento del total, en 1980 pasó a más de 60 por ciento y hoy ocupa cerca de 85 por ciento, aunado a que la entidad mexiquense forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, donde habitan más de 20 millones de personas, de acuerdo con el censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La iniciativa, turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Urbano para su dictamen, explica que se trata además de armonizar las disposiciones en la materia del Código Administrativo, particularmente el Libro Quinto denominado “del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población”, con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada en 2016 por el Congreso de la Unión.
Esta ley, abundó, establece un nuevo modelo urbano, incluyente, descentralizado, colaborativo y flexible que reenfoca los esfuerzos gubernamentales para garantizar que los espacios públicos permitan la evolución de las ciudades privilegiando la participación social y el respeto a los derechos humanos.
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