Ciudad de México
Para proteger el Registro Federal de Electores de alteraciones por fines políticos, la bancada federal del PRI mexiquense, coordinada por el diputado Miguel Sámano Peralta, propone penas de cárcel contra quien proporcione documentación o información falsa al Registro Federal de Electores con la intención de votar en una elección que no le corresponde, pues actualmente quienes realizan esta acción sólo reciben amonestaciones públicas.
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De cara a la elección para renovar la gubernatura del Estado de México el próximo 4 de junio, en conferencia de prensa Miguel Sámano destacó que se busca combatir el denominado turismo electoral, que se realiza mediante la presión o patrocinio de partidos políticos, candidatos y actores sociales, pues compromete la legalidad de las elecciones.
La legisladora Melissa Vargas Camacho dijo que a la par de la presentación de dicha iniciativa, solicitaron al Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, información de enero a diciembre de 2022, sobre el número de solicitudes de cambio de domicilio, entidades federativas de donde provienen los posibles votantes, así como los motivos por los que solicitaron modificación de residencia.
Lo anterior, dijo, permitirá dar seguimiento al comportamiento del Padrón Electoral y de la Lista Nominal, y así prevenir la eventual comisión de delitos electorales, como sucedió en las elecciones para elegir Gobernador del estado de Hidalgo, donde la lista de electores sufrió ajustes considerables.
“Los últimos cuatro meses del 2021 y los dos primeros meses del 2022, 90 mil 732 ciudadanos se incorporaron al listado nominal y una vez terminado el proceso electoral, Hidalgo perdió 106 mil 328 electores”.
En tanto, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo sostuvo que los enemigos a vencer en 2023 y 2024, son el atraso, la apatía y el autoritarismo; asimismo, pidió a los ciudadanos mexiquenses defender sus libertades y que en los comicios de junio elijan con libertad y secrecía, como lo mandata la Ley.
Enfatizó que estarán atentos a la respuesta de la autoridad electoral y que, así como lo han defendido, le pedirán que actúe para detectar irregularidades.
Cabe mencionar que actualmente, la citada Ley, prevé sanciones de 60 a 200 días de multa y prisión de tres a siete años, para quienes promuevan el Turismo Electoral, pero no así para los ciudadanos que realizan la acción, por lo que de aprobarse la adición al artículo 13 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, se contribuirá a contar con un Padrón Electoral real y confiable, al tiempo que habrá mayor certeza en los resultados electorales.
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