Toluca/Estado de México
El Congreso del Estado de México aprobó este 10 de septiembre una reforma que incrementa las sanciones contra delitos sexuales cometidos mediante tecnologías digitales, con especial atención a los casos en los que las víctimas son niñas, niños y adolescentes.
La propuesta, presentada por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, integrante del grupo parlamentario de Morena, establece que las penas para estas conductas podrán ser de hasta ocho años de cárcel y multas equivalentes a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa 45 mil 256 pesos.
Cuando los delitos se cometan contra menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, las sanciones se duplicarán y alcanzarán los 16 años de prisión y multas de 800 UMA, equivalentes a 90 mil 515 pesos.
La reforma considera delitos los casos en los que, mediante mensajes electrónicos, redes sociales, aplicaciones o cualquier otro medio digital o escrito, se busque o se logre un acercamiento físico con fines de obtener concesiones sexuales o material audiovisual de carácter explícito.
El dictamen, aprobado por unanimidad, también otorga atribuciones adicionales a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
Entre estas se incluye la valoración del perdón legal en delitos contra menores y la coordinación con instancias de justicia, salud y procuración de justicia para garantizar atención inmediata y medidas de protección.
La iniciativa modifica el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad; de esta manera, se incorpora explícitamente el principio del interés superior de la niñez en delitos que los involucren.
Además, se establece la obligación de que las instituciones de salud brinden atención prioritaria a menores víctimas de violencia y notifiquen de inmediato a la Procuraduría de Protección y al Ministerio Público.
El paquete de reformas también fortalece la atención psicosocial, médica y jurídica para asegurar la restitución de derechos y la reparación del daño.
