Ciudad de México
Iniciativa busca homologar sanciones y protocolos en todo México para proteger a las familias
Al considerar que el combate de este delito es fundamental para lograr un México más seguro, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, votó a favor de la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, así como de realizar reformas al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la intención homologar y armonizar las conductas, sanciones y protocolos para investigar y sancionar este ilícito con hasta 42 años de prisión.
Apoyo del PAN y relevancia del combate a la extorsión
Tras llevarse a cabo la votación de esta reforma con 110 votos a favor, el también secretario de la Comisión de Seguridad Pública, Enrique Vargas, celebró la aprobación de esta iniciativa, toda vez que representa un paso firme para el combate integral de este delito que es el tercero más cometido en el país y en el que desafortunadamente hay impunidad en 97 por ciento de los casos.
Apuntó que el propósito de esta iniciativa también es cerrar los vacíos legales que existían en la legislación actual, los cuales eran usados por los delincuentes para seguir cometiendo estas prácticas que lastiman la paz y el patrimonio de las familias.
“Es una iniciativa que, sin duda, en Acción Nacional respaldamos porque contribuye para combatir integralmente este delito y respaldar y proteger a las familias, así como darles tranquilidad, pues se establece que todas las fiscalías cuenten con unidades, policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados, certificados y especializados en la investigación de la extorsión”, destacó.
El senador por el Estado de México señaló que el Grupo Parlamentario del PAN siempre respaldará cualquier iniciativa que cuide de la vida y el patrimonio de las familias mexicanas, especialmente, aquellas que tienen que ver con su seguridad, como ocurre con esta nueva ley que, entre los cambios que asegura, es homologar los criterios y procedimientos penales para que se sancionen penalmente por igual, sin importar la entidad federativa en la que se juzgue.
En este sentido, con la nueva ley aprobada se aumentan las penas mínimas en un rango de 15 a 25 años, sin que los delincuentes puedan aprovechar la retroactividad para su beneficio; se establece que los recursos obtenidos por la extinción de dominio derivado del delito de extorsión, sean aplicados a la restitución de los derechos de las víctimas, y se estipuló que aquellas personas que, sin autorización, introduzcan algún dispositivo electrónico o componente que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia satelital, Internet o tecnología análoga, a un centro penitenciario, reciban una pena de seis a 12 años de prisión, entre otros.
Contexto del delito en México
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito de extorsión incrementó 25.4 por ciento en los primeros nueve meses de 2025 en México, con una tendencia creciente desde 2018.
Datos:
¿Qué ley se aprobó en el Senado?
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con reformas a códigos y leyes relacionadas.
¿Quién respaldó la iniciativa?
El senador Enrique Vargas del Villar y el Grupo Parlamentario del PAN, entre otros legisladores.
¿Qué penas contempla la nueva ley?
Hasta 42 años de prisión, con aumentos en penas mínimas de 15 a 25 años.
¿Qué beneficios ofrece a las víctimas?
Los recursos de extinción de dominio obtenidos de extorsión se destinarán a restituir derechos de las víctimas y se fortalecen protocolos de investigación en todas las fiscalías.
¿Cuál es la situación de la extorsión en México?
El delito aumentó 25.4% en los primeros nueve meses de 2025, siendo uno de los más cometidos con alta impunidad (97%).
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