Toluca/Estado de México
Las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso del Estado de México aprobaron el dictamen que reforma el Código Penal estatal para endurecer las sanciones por delitos ambientales y ampliar el catálogo de conductas punibles, la propuesta incorpora el delito de ecocidio y actualiza penas y multas con el propósito de reforzar la persecución penal en la materia.
Reforma ambiental en Edoméx: nuevos delitos y agravantes
El dictamen establece que el ecocidio será castigado con seis a 12 años de prisión y multa de 500 a 2 mil días, lo que modifica la sanción vigente de dos a ocho años y de 30 a 150 días multa, la reforma también integra nuevas formas de contaminación como macroplásticos y contaminantes climáticos de corta vida, además prevé agravantes cuando el daño sea irreversible o afecte áreas naturales protegidas.
El diputado Javier Cruz Jaramillo, de Morena, explicó que la modificación responde a la necesidad de fortalecer el marco penal ante conductas que impactan ecosistemas y salud pública, y detalló que se contemplan supuestos específicos para sancionar la tala ilegal y la contaminación de cuerpos de agua.
“Las prácticas de contaminación ponen en riesgo la salud pública y la biodiversidad, el código establece sanciones para quienes contravengan la ley, pero la realidad exige fortalecer las sanciones, se incorporan agravantes cuando el daño sea irreversible, afecte ecosistemas estratégicos o especies en peligro de extinción, o cuando el responsable sea un servidor público que traicione la confianza ciudadana”.
Sanciones por abandono de basura y residuos peligrosos
El dictamen también contempla penas de hasta 11 años y tres meses de prisión por abandono doloso de basura, así como sanciones de hasta seis años por posesión o transporte de residuos peligrosos sin cumplir normas oficiales, en estos casos se prevé la posibilidad de mecanismos de justicia restaurativa para que el responsable repare el daño ambiental causado.
“La reforma es proporcional, distingue cantidades, agrava cuando hay afectación a áreas naturales protegidas o a la salud humana e incorpora mecanismos de justicia restaurativa, permite que quien cause el daño repare, que limpie, que restaura, no es una política de encarcelamiento masivo, es una política de responsabilidad ambiental”.
Acceso efectivo a la justicia ambiental
Por su parte, la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez señaló que la reforma modifica el tratamiento jurídico del daño ambiental al establecer penas privativas de libertad proporcionales a la gravedad del impacto, y subrayó que el objetivo es garantizar acceso efectivo a la justicia ambiental en la entidad.
“Esto no es un aumento simbólico de penas, es una señal clara de que el delito ambiental ya no será tratado como una falta administrativa tolerable, sino como lo que es, una agresión directa contra la salud pública, los ecosistemas y el derecho humano a un medio ambiente sano”.
La diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa, del PVEM, indicó que en una entidad que ocupa el noveno lugar nacional en biodiversidad resulta necesario robustecer el marco legal frente al deterioro ambiental, el dictamen será turnado al Pleno para su votación definitiva y, en su caso, entrada en vigor.
Datos
- ¿Por qué se reformó el Código Penal del Estado de México en materia ambiental?
- Porque las sanciones vigentes eran consideradas insuficientes frente al impacto real de los delitos ambientales en ecosistemas y salud pública. La reforma fortalece el marco legal y amplía el catálogo de conductas punibles.
- ¿Cuáles son las penas más altas que contempla la reforma?
- El delito de ecocidio podrá castigarse con hasta 12 años de prisión y multas de hasta 2 mil días. También se prevén penas de más de 11 años por abandono doloso de basura y hasta seis años por manejo indebido de residuos peligrosos.
- ¿Cómo protege esta reforma a las áreas naturales y a la biodiversidad?
- Establece agravantes cuando el daño sea irreversible, afecte áreas naturales protegidas, ecosistemas estratégicos o especies en peligro de extinción, y endurece las sanciones si el responsable es un servidor público.
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