Toluca/Estado de México
El PRI se pronunció este jueves en contra del dictamen de las nuevas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de México, al advertir que el modelo propuesto debilitaría la independencia de las instituciones encargadas de garantizar estos derechos.
PRI advierte riesgos para la independencia en materia de transparencia
Desde el pleno, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez sostuvo que la discusión “va mucho más allá de una reforma orgánica” y que lo que está en juego es “el futuro de dos conquistas ciudadanas”: el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Zarzosa cuestionó que la armonización con la legislación general implique reducir las garantías existentes y afirmó que “armonizar no debió significar renunciar a la posibilidad de construir” un modelo más independiente".
Señaló que el INFOEM sería sustituido por un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, sin independencia orgánica ni presupuestaria, cuyo titular sería designado y removido libremente por el Ejecutivo.
“Resulta política y jurídicamente contradictorio que la autoridad obligada a proporcionar información sea la misma que evalúe su actuación y resuelva las impugnaciones cuando esa misma autoridad se niegue a entregarla”, reclamó.
Cuestiona modelo en el que cada poder revisaría sus propias obligaciones
El priista también cuestionó el sistema fragmentado que plantea el dictamen: el órgano desconcentrado revisaría al Ejecutivo y a los municipios; la Contraloría del Congreso, al Legislativo; la Contraloría Interna del Poder Judicial, al Judicial; y los órganos internos de control, a sus respectivos organismos autónomos.
“Se trata entonces de abandonar un modelo de revisión externa independiente y especializada, para crear otro en el que paradójicamente cada poder, revisándose y obligándose a sí mismo”, afirmó. Advirtió que acudir a una instancia federal no resolvería el problema, pues, según expuso, la Ley General limita esa posibilidad a determinados casos.
Zarzosa expone cifras tras la desaparición del INAI
Como parte de sus argumentos, Zarzosa citó datos que, dijo, muestran los efectos de la desaparición del INAI: las solicitudes de información desechadas aumentaron más del doble, las causales para reservar información se incrementaron 30 por ciento, el cumplimiento de obligaciones de transparencia proactiva disminuyó 36 por ciento y 71 por ciento de las bases de datos que integran la plataforma datos.gob.mx se encuentran abandonadas o desactualizadas. Añadió que México perdió posiciones en el índice de percepción de la corrupción y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por la pérdida de independencia del nuevo modelo.
PRI califica la reforma como un retroceso de más de 25 años
Ante el pleno, el legislador sostuvo que la reforma representa “un retroceso de más de 25 años” y advirtió que sus consecuencias podrían recaer directamente en la ciudadanía cuando solicite información o sus datos personales sean vulnerados.
“Podíamos armonizar sin retroceder, podíamos adecuar sin debilitar derechos. Podíamos ahorrar sin sacrificar contrapesos”, afirmó.
Finalmente, advirtió: “La transparencia debe servir para controlar al poder, no para protegerlo, no para encubrirlo y mucho menos para servirle”, y aseguró que el PRI continuará defendiendo la democracia y la libertad.
Datos
¿Qué cambiaría con las nuevas leyes de transparencia en el Estado de México?
El dictamen plantea un nuevo esquema en el que diferentes instancias revisarían las obligaciones de transparencia del Ejecutivo, municipios, Congreso, Poder Judicial y organismos autónomos.
¿Qué consecuencias advierte el PRI con la desaparición del modelo actual?
El PRI sostiene que podría disminuir la independencia de las autoridades encargadas de resolver inconformidades sobre acceso a información y protección de datos personales.
¿Cómo podrían afectar estos cambios a los ciudadanos?
De acuerdo con Eduardo Zarzosa, las consecuencias podrían presentarse cuando una persona solicite información pública, impugne una negativa de acceso o denuncie vulneraciones a sus datos personales.
