¡Anótelo!.. Policía de Género, vigilancia, derechos humanos y servicios de urgencias presentes… Elementos de Toluca, a disposición de la estatal en el día… Urgen acciones de gobiernos municipales y del Congreso… Sacudida en la Secretaría de Educación estatal… Histórica reforma en el Congreso con la violencia vicaria en razón de género… Caso de ciudadana española contra segundo síndico de Toluca
Movilizaciones obligaron al Estado a reaccionar
Las movilizaciones del 8 de marzo poco a poco han obligado al Estado a reaccionar. A fuerza de marchas, consignas y protestas femeninas, el gobierno debió reconocer que la exigencia de seguridad y justicia para las mujeres no se puede ignorar. En el Estado de México, la administración de la gobernadora Delfina Gómez buscó establecer protocolos de actuación policial para atender las movilizaciones y evitar confrontaciones, en un intento por responder a una demanda social que cada año se hace más fuerte en las calles. Ella misma, desde el C5 está pendiente de lo que pase en el día.
Policías de Toluca quedaron a disposición de la estatal
En Toluca, el gobierno municipal que encabeza Ricardo Moreno Bastida, dispuso que la policía local se coordinara con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, dirigida por Cristóbal Castañeda Camarillo, con el objetivo de garantizar la seguridad durante las marchas. Al operativo se sumaron Protección Civil y servicios de urgencias, con la presencia de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, presidida por Víctor Delgado Pérez, para vigilar que no se vulneren garantías durante las protestas. Todo el aparato del Estado desplegado en torno a una jornada que cada año convoca a miles de mujeres.
Sin embargo, la movilización del 8M recuerda que ningún protocolo será suficiente si la seguridad no se garantiza los 365 días del año. Las marchas son el reflejo de la dolorosa realidad: mujeres violentadas, violadas, desaparecidas o asesinadas. La indignación que se expresa en las calles nace de una deuda histórica que aún no logran saldar, pese a discursos, operativos y mesas de trabajo.
Insuficientes los dispositivos de seguridad
Y es que el problema no se resuelve sólo con dispositivos de seguridad en una fecha simbólica. Si bien hay disminución de delitos en números. Son sólo eso, números, porque la violencia sigue y las y los alcaldes no hacen bien su trabajo de prevención. Pero también depende de que las y los legisladores aterricen los pendientes, como las leyes secundarias sobre el aborto, que es derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sanciones más severas contra los agresores y el reconocimiento serio de la ley que tipifica como delito la violencia vicaria en razón de género. Mientras no haya eso, cada 8 de marzo se recordará que la deuda con las mujeres no está saldada.
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Sacudida en Educación tras cese de funcionario
Algo se fracturó en las oficinas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México. La salida de Rafael Andrade Esparza, hasta hace poco director general de Inclusión y Fortalecimiento Educativo, ha dejado un vacío tan repentino como inexplicable. Su cese, descrito por voces internas como "fulminante", resulta desconcertante dada la notoria cercanía que mantenía con el titular de la dependencia, Miguel Ángel Hernández Espejel.
Andrade Esparza encabezaba una dirección vital para la administración de Delfina Gómez. Era nada más ni nada menos que el área responsable de derribar barreras, eliminar la discriminación y garantizar que el aula sea un espacio de equidad. ¿Qué ocurrió "de la noche a la mañana" para que un perfil clave en la agenda de inclusión fuera desplazado sin una transición clara? Hay hermetismo al respecto, lo que genera muchas dudas.
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Histórica reforma en el Congreso con la violencia vicaria en razón de género
El Congreso del Estado de México da paso histórico al tipificar la violencia vicaria en razón de género, como delito grave. Con reformas al Código Penal que alcanzan los ocho años de prisión, la entidad finalmente reconoce una de las crueldades más refinadas del patriarcado, que es usar a los hijos como instrumentos para destruir a la madre. Según colectivos, más de 600 mujeres habían gritado por esta ley.
Resurge el caso de ciudadana española contra segundo síndico de Toluca
Pero la realidad suele ir un paso adelante. Nuevamente, porque sigue en curso, surgió el caso de Laura López López. La ciudadana española, respaldada por su embajada porque no tiene familia en México, que señala directamente al síndico de Toluca, Jaime Amado López Gómez (PAN), al que acusa de presuntamente usar influencias y poder político para despojarla de sus bienes, pero, lo más doloroso, de sus hijas. Apenas hizo que la sacaran de la casa donde vivía.
Si el fuero o las redes de poder del funcionario panista prevalecen sobre el espíritu de la reforma, el avance legislativo será letra muerta. El Estado de México necesita la voluntad de castigar a los agresores, sin importar el cargo que ostenten. Las y los jueces deben juzgar en razón de género también. Hay audios, amenazas que se comprobaron en contra de la mujer, pero fueron desechadas. ¿Qué más se nece
