Toluca/Estado de México

“Para democratizar la justicia, más allá de honrar el voto de confianza de la gente, estamos obligados a impartirla de manera accesible y abierta al escrutinio popular, situando a las personas en el epicentro de la transformación, celosos de nuestra vocación humanista, sabedores de que el Derecho es instrumento de cohesión social”, expresó Fernando Díaz Juárez, titular del Poder Judicial del Estado de México, al inaugurar el Congreso Internacional de Educación Judicial 2025 “Los retos de la educación judicial frente a la Reforma”.

Fernando Díaz destaca retos y avances del PJEdómex ante reforma judicial

En el Aula Magna “Mgdo. Lic. Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial (EJEM) —ante el secretario del Bienestar, Juan Carlos Romero González, quien acudió como representante personal de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez— el Magistrado Presidente sostuvo que el Derecho debe ser instrumento de paz y bienestar, por lo que la institución apuesta por fortalecer la preparación académica y el intercambio de experiencias, como base para afrontar los desafíos contemporáneos que involucran a la educación y la carrera judicial.

Díaz Juárez subrayó que el reciente ejercicio electoral que eligió a las y los juzgadores legitimó al Sistema Judicial con la voluntad de la gente. En consecuencia, dijo, el Tribunal Superior de Justicia tiene la responsabilidad de ofrecer un servicio cercano, sensible, eficiente, austero, altamente profesional y alineado con las verdaderas necesidades de la población, con especial atención a quienes históricamente han vivido en condiciones de vulnerabilidad, marginación y exclusión.

En su oportunidad, Juan Carlos Romero González, Secretario del Bienestar del Estado de México, reconoció la solidez del Poder Judicial estatal y celebró la realización de este foro como parte del proceso de implementación de la reforma, trazando el camino estructural que guiará a las escuelas judiciales en su papel dentro de la transformación del sistema de justicia. Destacó que temas como la participación ciudadana, la justicia social y el nuevo constitucionalismo marcarán la ruta que deberán seguir tanto las instituciones como los operadores jurídicos en los próximos años.

En este contexto —añadió— las escuelas judiciales están llamadas a asumir nuevas funciones, alineadas con los cambios estructurales que exige esta transformación; no obstante, subrayó que el llamado es claro: ejercer el servicio público con honestidad, diligencia e imparcialidad, poniendo siempre en el centro el bienestar social.

Durante la inauguración estuvieron presentes Maurilio Hernández González, presidente de la Diputación Permanente del segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura mexiquense; Paola Jiménez Hernández, diputada local; Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral estatal; Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado de Colombia, y María Elizondo Gasperín, académica e investigadora de la UNAM.

En la exposición de motivos, Elizabeth Rodríguez Colín, Directora General de la EJEM, expuso que este encuentro —que se llevará a cabo del 18 al 20 de junio— será un espacio para que especialistas nacionales e internacionales analicen las implicaciones de la educación judicial ante los cambios normativos.

Frente a integrantes del Consejo de la Judicatura, magistradas, magistrados, juezas y jueces del PJEdomex, así como especialistas, estudiosos del Derecho y personas que ejercen la abogacía, destacó que se reflexionará sobre la experiencia boliviana, donde desde 2009 se elige a jueces mediante voto popular, así como el modelo estadounidense y su impacto en la democracia.

Como parte de esta primera jornada, Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, Director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, impartió la conferencia magistral “Primera elección judicial: retos y perspectivas”, en la que afirmó que la legitimación del sistema comenzará con las sentencias emitidas por las y los juzgadores electos, quienes deberán regirse por los estándares de derechos humanos, y enfatizó la importancia de cuidar los perfiles de quienes en el futuro podrían asumir las responsabilidades jurisdiccionales.

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