Ciudad de México
Los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo firmaron un acuerdo para presentar una iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano para el Valle de México, con la finalidad de contar con una normatividad que permita atender los desafíos y retos de esta zona del país.
Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el objetivo fundamental del documento signado es mejorar la calidad de vida y atender los problemas a los que se enfrentan diariamente cerca de 22 millones de mexicanas y mexicanos en las tres entidades.
“Compartimos una diversidad enorme de problemas que si no reconocemos que son problemas que no tienen fronteras, aún cuando hay fronteras político-geográficas, no podemos estar en la condición de resolver la problemática de los habitantes de esta enorme Zona
Metropolitana”, reiteró.
En el marco de la presentación de la Agenda Metropolitana del Valle de México, la mandataria capitalina explicó que la sinergia entre las administraciones locales y el Gobierno de México es necesaria para generar una visión a largo plazo, a fin de desarrollar mejores acciones y leyes que permitan atender la población de la ZMVM porque es el espacio donde se concentra el centro cultural, financiero, político de nuestro país.
El Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza explicó, por su parte, que por primera vez los tres Ejecutivos estatales turnarán al Congreso federal, a través de las Legislaturas locales, un proyecto legislativo en esta materia.
Del Mazo Maza indicó que se propondrá crear el Instituto de Planeación y Gobernanza Metropolitana, así como organismos especializados para la prestación de servicios públicos, además de incorporar Asociaciones Público-Privadas para realizar proyectos de infraestructura y fortalecer la rendición de cuentas y los presupuestos participativos.
“Impulsar la transformación urbana de la Zona Metropolitana del Valle de México exige un cambio sustantivo en nuestro modelo de coordinación, a partir de la visión y el objetivo de ofrecer una ciudad amigable, segura y sustentable para cada familia”, afirmó.
En su turno, el Gobernador de Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, aseguró que las entidades firmantes tienen por prioridad una agenda estratégica, que sólo será posible poner en práctica, con una normatividad consensuada entre los poderes y los distintos órdenes de gobierno.
Aseguró que el Estado de Hidalgo está convencido que el desarrollo sin suma de esfuerzos y voluntades no existe. Por eso, hoy, dijo, construimos gobernanza, hacemos historia y transformamos a México.
"Entiendo y vivo cerca de la gente los retos a los que como habitantes de la zona metropolitana del Valle de México experimentamos día a día; por ello es que me sumo y aplaudo la iniciativa de ley que hoy presentamos", manifestó.
El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México (SEDATU), Román Meyer Falcón, representante del Gobierno Federal, aseguró que, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes en los tres estados, por primera vez en la historia los gobiernos locales elaborarán una iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México.
“Equipos técnicos en cada uno de los estados trabajarán en un documento único que se enviará, para su aprobación, a cada Congreso local; una vez aprobados se entregará de manera conjunta al Congreso de la Unión. Esto se realizará con el acompañamiento solidario y respetuoso del Gobierno Federal”, recalcó.
Señaló que la visión metropolitana permitirá avanzar hacia una ciudad mejor planeada porque el desarrollo futuro, debe ser orientado a una adecuada distribución y ordenamiento de los usos de suelo, mejorar las condiciones de vida de las personas, contar transporte público de calidad para potenciar la conectividad y la competitividad de la zona.
Las autoridades coincidieron en que impulsar dicha Ley de Desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle de México, es además un punto de partida para poner freno al aumento irregular de los asentamientos humanos, invertir en infraestructura para lograr un desarrollo económico equilibrado y sostenible, garantizar la prevención y la persecución del delito y con ello la efectividad en la procuración de justicia.
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