Toluca/Estado de México
Por tiempo indefinido permanecerán ejidatarios de San Buenaventura, Toluca, en las inmediaciones del paso del Tren Interurbano México-Toluca, correspondientes al tramo por el que exigen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una indemnización que asciende a 300 millones de pesos.
En entrevista, Edgar Ocampo Hernández, representante legal de los ejidatarios, explicó que ante la falta de indemnización y comunicación con la SCT los ejidatarios tomaron la decisión de permanecer en el lugar el tiempo que sea necesario para evitar las labores de la obra y atraer la atención de las autoridades que, aseguran, han sido omisas.
Recordó que desde el pasado 26 de noviembre los ejidatarios se organizaron para realizar guardias y permanecer las 24 horas en el lugar, ello después de que se registrara un conato de bronca entre los ciudadanos y trabajadores de la obra que pretendían dar seguimiento a lo que aparentemente son las últimas labores en la zona.
Ante la negativa de las autoridades explicó que, si bien buscan llevar esta lucha de manera pacífica, ya prevén manifestaciones ante la Fiscalía General de Justicia del estatal (FGJEM) y la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de visibilizar la situación y darle celeridad.
Es así como, en la zona ubicada en Jesús Reyes Heroles y Venustiano Carranza, han pasado las últimas cinco noches para evitar el ingreso de los trabajadores, quienes dijo, no son los culpables de los adeudos, por lo que mantener comunicación con los encargados de la obra, insistió, tampoco es opción, razón por la que seguirán exigiendo la atención de autoridades de la SCT sobre todo después de que no han respetado la suspensión del plano otorgado al ejido por el juez séptimo de Distrito.
En este punto, es preciso recordar que debido a esta situación existen dos denuncias por fraude y abuso de confianza, una de ellas ante la Fiscalía General de Justicia estatal en contra de servidores públicos de la ferroviaria, delegados de la SCT y representantes ejidales pasados, a quienes han señalado de recibir pagos de forma ilegal, afectando a los 283 ejidatarios que a la fecha esperan el pago correspondiente.
