Ciudad de México
La "Ley Silla", una iniciativa que busca que los trabajadores en México puedan realizar sus labores sentados, ha sido aprobada en comisiones y pasará al pleno para su posible aprobación.
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Las comisiones unidas de Estudios Legislativos Primera y del Trabajo y de Previsión Social han aprobado modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Esta ley prohíbe que los empleadores obliguen a sus empleados a pasar la totalidad de la jornada laboral de pie, ya que trabajar periodos extensos de esa manera tiene efectos perjudiciales para la salud.
La iniciativa implica realizar cambios en los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo. En el primer artículo se establece que los centros de trabajo deben proporcionar sillas a los trabajadores, mientras que el segundo artículo busca impedir que las empresas nieguen asientos a su personal. No obstante, esta restricción puede limitarse cuando la naturaleza del trabajo conlleve riesgos para la seguridad e integridad de los trabajadores al sentarse durante las actividades laborales.
Como medida de sanción, se estipula que aquellos que no cumplan con estas obligaciones serán multados con una cantidad equivalente de 250 a 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 103.74 pesos diarios. En consecuencia, la multa oscilará entre 25,935 y 259,350 pesos.
La iniciativa, impulsada por la senadora Patricia Mercado, miembro de la bancada de Movimiento Ciudadano, beneficiará principalmente a trabajadores de cajeros, cafeterías, restaurantes y guardias de seguridad. Esto se debe a que se prohibirá que los empleados realicen toda su jornada de trabajo de pie, ya que trabajar periodos prolongados de esa manera puede ocasionar lesiones en la espalda, piernas y tobillos, así como problemas de salud más graves, como las várices.
En los próximos días, la propuesta se someterá a votación en el pleno del Senado. En caso de ser aprobada, la ley establece que los reglamentos internos de las empresas deberán regular este nuevo derecho y tendrán un año para adaptarse y cumplir con este mandato. Posteriormente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá un máximo de 60 días para inspeccionar su correcta implementación.
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