Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el tráfico de fentanilo al sancionar a ocho ciudadanos mexicanos y 12 empresas con sede en México, presuntamente vinculadas con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la dependencia informó que las personas y compañías sancionadas forman parte de una red que suministra precursores químicos ilícitos utilizados en la producción de fentanilo y metanfetaminas destinadas al mercado estadounidense.
De acuerdo con el comunicado oficial, esta red abastecía directamente al Cártel de Sinaloa, catalogado por el gobierno estadounidense como organización terrorista responsable de una parte significativa de las drogas mortales traficadas hacia su territorio.
Treasury is sanctioning an illicit fentanyl supply network that supports the Sinaloa cartel. Under President Trump's leadership, Treasury will continue to aggressively target and dismantle the financial networks that enable terrorist organizations to poison Americans with deadly…
— Treasury Department (@USTreasury) October 6, 2025
Entre los sancionados se encuentran miembros de la familia Favela López —Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela—, además de Jairo Verdugo Araujo, Gilberto Gallardo García, César Elías López Araujo y Martha Emilia Conde Uraga, alias “Martita”. Según las autoridades, estas personas mantenían vínculos empresariales y familiares con los Chapitos y facilitaban el suministro de insumos químicos mediante facturación fraudulenta y el uso de prestanombres.
Empresas señaladas en México
La empresa principal señalada es Sumilab, con sede en Culiacán, dedicada a la venta de productos químicos y equipos de laboratorio. El Tesoro indicó que, pese a haber sido sancionada en mayo de 2023, la familia Favela López continuó operando bajo otras razones sociales y modificando registros corporativos para ocultar su participación.
Otras compañías incluidas en la lista son Agrolaren, Viand, Favelab, Fagalab, Qui Lab, Storelab, Macerlab, Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Químicos en General, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria, que abarcan los sectores químico, agrícola, industrial, de salud y bienes raíces.
La OFAC señaló que, tras las sanciones de 2023, los involucrados retiraron señalizaciones y cambiaron nombres en actas corporativas, pero continuaron suministrando los precursores a laboratorios clandestinos en México y a empresas estadounidenses, donde los insumos eran procesados para producir drogas ilícitas.
Consecuencias de las sanciones
El gobierno estadounidense advirtió que las sanciones implican el bloqueo inmediato de todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones con ellas. Las violaciones a estas medidas pueden derivar en sanciones civiles o penales.
El Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, destacó que más de 500 mil estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo, y reiteró que el presidente Donald Trump considera detener el flujo de drogas letales hacia su país como una prioridad nacional.
“El Departamento del Tesoro está comprometido con desmantelar las complejas redes financieras que apoyan a estas organizaciones terroristas”, afirmó.
Datos:
¿Qué ocurrió?
EE. UU. sancionó a ocho mexicanos y 12 empresas mexicanas vinculadas a Los Chapitos por suministrar precursores químicos para fentanilo y metanfetaminas.
¿Quiénes fueron sancionados?
Miembros de la familia Favela López, otros ciudadanos mexicanos y 12 empresas, entre ellas Sumilab, Agrolaren y Favelab.
¿Cuándo se aplicaron las sanciones?
El Departamento del Tesoro anunció las medidas en octubre de 2025, tras investigaciones continuas desde 2023.
¿Dónde operaban los involucrados?
Principalmente en Culiacán y otras ciudades de México, con impacto en laboratorios de Estados Unidos.
¿Qué implicaciones tienen las sanciones?
Bloqueo de bienes, prohibición de transacciones en EE. UU. y posibles sanciones civiles o penales en caso de violación.
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