El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberán resolver sobre las convocatorias para elegir a la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México y del Coordinador o Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación.
El Instituto Nacional Electoral es la autoridad responsable para recibir las quejas o denuncias respecto a los actos presumiblemente violatorios de la normatividad electoral, realizar las investigaciones preliminares y emitir las medidas cautelares que resulten procedentes.
Por su parte, al Tribunal Electoral, por conducto de la Sala Regional Especializada, le corresponde recibir la investigación preliminar que realizó el Instituto Nacional Electoral y resolver sobre si los actos constituyen violaciones electorales, imponiendo la sanciones correspondientes. A la Sala Superior le compete resolver sobre los medios de impugnación promovidos en contra de la implementación de medidas cautelares por parte del INE y de las resoluciones que emita la Sala Regional Especializada del propio tribunal.
En apariencia el marco legal de resolución de conflictos es suficientemente sólido para determinar e investigar si un partido, varios partidos o los aspirantes cometen actos anticipados de campaña. No obstante lo anterior, en nuestro país vivimos un proceso que a todas luces reúne las características de una precampaña, pero que legalmente aún ni siquiera se ha iniciado el proceso electoral 2023-2024, lo que ocurrirá en el mes de septiembre y las precampañas a finales de noviembre de 2023, por lo que todo lo realizado antes del inicio del proceso electoral no es considerado -aún- como acto anticipado de precampaña.
La grave complejidad y disyuntiva a la que se enfrentan las instituciones será sancionar o tolerar todo lo que está ocurriendo: el dispendio de recursos, el posicionamiento indebido de personajes frente al electorado, las propuestas de campaña fuera de los plazos legales, la violación a las reglas de fiscalización electoral, los supuestos anuncios patrocinados por terceros, entre otros actos; en caso de que la disyuntiva de la autoridad se decante por la primera opción deberá emitir medidas para que todo lo realizado antes del inicio del proceso electoral sea fiscalizado y contabilizado para efecto de gastos de precampaña y campaña, lo que podría acarrear la negativa de registro para las personas que violenten los límites legales y la posible nulidad de la elección, lo que afectaría a personajes de Morena, PT, Partido Verde, PRI, PAN y PRD.
Esa disyuntiva de las instituciones, tendrá que ser resuelta en primer lugar como medida cautelar por el Instituto Nacional Electoral, posteriormente confirmada por la Sala Regional Especializada y por la Sala Superior del Tribunal Electoral, lo que podría constituir una trampa mortal para las instituciones electorales, quienes en caso de aplicar la lógica, la sana crítica, los criterios que previamente han emitido y la ley, se enfrentarían abiertamente al sistema de partidos, que por cierto es quien define las reglas electorales y designa a los funcionarios electorales.
Esta trampa mortal seguramente ha sido vista por las autoridades electorales y, como en muchos casos anteriores, estoy seguro que resolverán con total tolerancia a la ilegalidad y permitirán que los procesos de las dos principales fuerzas políticas del país continúen caminando sin consecuencia alguna.
Twitter @RaymundoGC
Facebook @RaymundoGCor
