Existe un estudio-caso hecho por Ana María Salazar y Vlad Jenkins de la Universidad de Harvard llamado “El problema de los intocables”, en 1991, en donde se describe y analiza ampliamente el problema del narcotráfico a raíz de la toma de protesta del presidente Salinas, y la campaña anticorrupción efectiva y creíble que se convirtió en nada menos que el eje de la estrategia de su administración para lograr una amplia variedad de objetivos políticos y económicos.
Salinas tuvo que luchar para establecer su autoridad sobre una compleja red de bases de poder político en las burocracias federales y estatales, y sobre la estructura osificada del entonces poderoso PRI. Su gente vio esta campaña anticorrupción como un complemento necesario a las reformas económicas previstas por la administración incluyendo una mayor dependencia de las fuerzas del mercado, la privatización de algunas industrias estatales y paraestatales y la racionalización de una burocracia gubernamental en expansión.
El reto era diseñar estrategias para abolir el problema de la corrupción en México. Uno flagrante era Pemex y su corrupto sindicato. Salinas tuvo que responder a las crecientes presiones externas sobre los problemas de corrupción y tráfico de drogas en México, que se estaba convirtiendo en un factor prominente de las decisiones de los acreedores internacionales de México, en relación con la reprogramación de la deuda externa del país. Y allí comenzó otra historia.
El problema con Estados Unidos, siempre ha sido grave. Y el problema de la corrupción en México, más. Fue cuando Salinas lanzó una amplia gama de programas, incluida la racionalización de los procedimientos en la frontera, requisitos estrictos para la cumplimentación de formularios financieros para todos los funcionarios públicos, y que continuara la Contraloría de la Nación para revisar e investigar el desempeño de los mismos.
Había en esa época todavía, una acendrada clase media mexicana con valores añejos que harían que continuaran existiendo bases morales en la familia.
Habría que luchar contra ese PRI creado en 1929 que había gobernado mediante acuerdos delicados entre grupos de interés como empresas, sindicatos, campesinos, ejército, burocracia. Mantener todo esto en orden, era muy complicado. Cada uno de estos, representado en la estructura de poder interno del partido en el poder. Cada quien pedía su cuota. Y se la tenían que dar. El resultado era aún más grave: la corrupción se había convertido en el aceite que hacía funcionar el sistema y también en el pegamento que lo mantenía unido. Se llegó a pensar incluso, que la Constitución había sido considerada como un instrumento de la política. Que explica sus propias incoherencias jurídicas argumentando que, a diferencia del caso en el mundo anglosajón, el propósito de la Constitución no era para establecer las reglas de trabajo de la sociedad, sino para establecer los objetivos sociopolíticos hacia los cuales el sistema está trabajando.
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