Es inconcebible que ya han pasado nueve largos años de la desaparición forzosa de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa de aquella “noche negra” del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en la que estuvieron involucradas fuerzas policiales, a quienes persiguieron y emboscaron con armas de fuego.
Recordemos que este trágico hecho causó revuelo en todo nuestro país debido a la trágica manera en la que fueron desaparecidos los 43 estudiantes de dicha Normal, de la información que ocultaron los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), y que a su vez tergiversaron con toda la perversidad posible. Se desarrollaba el segundo año del régimen de Enrique Peña Nieto.
Se ha escrito centenas de miles de cuartillas sobre este grave caso de Ayotzinapa, la “verdad histórica” de Peña Nieto, -se comenta- que fue obtenida a base de torturas y no es precisa, fue difundida por el entonces procurador General Jesús Murillo Karam, que se limitó a responsabilizar a policías corruptos y a un cártel local del narcotráfico además que los estudiantes fueron a boicotear el informe de la entonces presidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luís Abarca, alcalde de dicho municipio.
Además, su objetivo era tomar camiones para asistir a la marcha del 2 de octubre en la capital de la república mexicana. Además que los policías entregaron a los miembros del cártel de drogas Guerreros Unidos a los 43 estudiantes, quienes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero, y sus cuerpos esparcidos en dicho lugar, pero la realidad, -aseguran- en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos.
Y esa fue la “verdad histórica” del régimen corrupto de Peña Nieto. Pero ahí no acaba la historia, pues al inicio de la administración de Amlo, asumió el compromiso de esclarecer los hechos y conformó la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, cuyo titular es Alejandro Encinas Rodríguez.
Los normalistas - se dice- fueron asesinados en el municipio de Iguala, que dirigía el perredista José Luís Abarca Velázquez, quien fue señalado culpable por la desaparición de los 43 estudiantes. Abarca Velázquez fue sentenciado por un juez de distrito con sede en Tamaulipas a 92 años de prisión por el secuestro de seis activistas, entre los que destacaba Arturo Hernández Cardona, líder de la Unidad Popular de Iguala.
Pero un tribunal unitario absolvió en mayo pasado a Abarca Velázquez por los delitos arriba mencionados, pero por lo pronto seguirá en prisión.
Mientras que Jesús Murillo Karam, procurador General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue acusado por el gobierno morenista de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa, por lo que fue encarcelado en agosto del 2022.
Por su parte, la Fiscalía General de la República, que dirige Alejandro Gertz Manero, solicitó una pena de 82 años de prisión en contra del exgobernador de Hidalgo, quien tiene 75 años de edad.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, declaró el cuatro de noviembre de 2014: “la mafia del poder utilizó al PRIAN para que solicitaran consultas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación presumiera que son imparciales”.
También le solicitó a José Luís Abarca, alcalde de Iguala, (a quien acababan de detener), que informara qué había pasado con los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y reiteró que lo más importante es que aparezcan con vida.
Explicó que se tiene que aplicar la ley sin distinción, sin miramientos para que no quede impune este crimen de los estudiantes. Muy seguro el tabasqueño dijo ese 4 de noviembre de 2014 que denunciaría a Peña Nieto y a la mafia del poder como responsables de la tragedia nacional ante la Procuraduría General de la República. ¿En dónde quedó esa tan cacareada denuncia?
Pero el martes pasado, en el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, el caso se mantiene abierto al todavía no haber pistas sólidas sobre su paradero, porque el Informe de Ayotzinapa, narrativa de los hechos de acuerdo con las investigaciones efectuadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y difundido por el gobierno federal ofrece una lista de las 15 instituciones que entregaron 41 mil 297 documentos, testimonios, entrevistas, archivos, audios, videos, mapas y fotografías, sin concluir en qué lugar acabaron los estudiantes.
Se asegura que hay 132 detenidos, 41 de ellos son integrantes del cártel Guerreros Unidos; 71 policías de los tres niveles de gobierno y 14 militares. Implanta tres posibles causales de las desapariciones, que ya habían sido consideradas en las primeras investigaciones, que fue una confusión entre 41 integrantes de Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de Los Rojos entre los estudiantes.
De igual manera que se les quiso castigar en un contexto de amenazas de parte del alcalde José Luís Abarca Velázquez contra quienes los normalistas habían protestado por los tres crímenes de dirigentes sociales.
La hipótesis es el traslado de enervantes y la eventual presencia de droga, armas o dinero de los autobuses usurpados.
Asimismo, el secretario de la Defensa, el general Luís Crescencio Sandoval, propuso al presidente López Obrador que se investigue más al líder de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo. En una misiva hecha pública, el general secretario sugiere que “El Cabo Gil”, quien se hizo testigo protegido de la FGR, declaré más debido a que sabe más de los desaparecidos por estar directamente involucrado en el asunto.
Así pues, a nueve años de estos arteros crímenes de los 43 estudiantes normalistas, ninguno de los dos gobiernos (el de Peña Nieto ni el de López Obrador), han dado con la verdad de los lamentables hechos. Una vez más queda demostrado que ambos regímenes son ineptos y nunca estuvieron preparados para gobernar ni aptos para esclarecer ningún tipo de asesinatos.
El gobierno del priista mexiquense, le quedó a deber como todos los anteriores (desde 1970), por la desmedida corrupción e ineptitud que demostró en los seis años y que mal llevó las riendas de nuestro vapuleado país.
Mientras que el de Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en una encrucijada y sigue en caída libre por el pésimo manejo que ha tenido a lo largo de cinco anos en todos los rubros. Al tabasqueño todavía le restan 364 días para seguir despedazando a nuestro cada vez más vapuleado país. Esperemos que los más de 128 millones de mexicanos, reaccionemos a tiempo y el próximo 2 de junio de 2024, hagamos un cambio eficaz de gobierno.
La Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa en México (CVAJ), conclusiones de su Informe, constituyó un crimen de Estado y que no hay indicio alguno que alguien de las víctimas se encuentre con vida.
Inclusive, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró a mitad de semana que García Harfuch, uno de los candidatos de Morena a jefe de la Ciudad de México, formó parte de la junta de autoridades que construyeron la “verdad histórica”.
Fue el gobierno del frívolo de Enrique Peña Nieto que protegió el mayor tiempo posible “a mi amigo”, como siempre lo expresó, al gobernador sustituto Ángde Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien tomó protesta el primero de abril de 2011 al 23 de octubre de 2014, pues tuvo que renunciar por el caso de Ayotzinapa.
En una detallada investigación realizada y publicada por la Revista THEOMAI, titulada “la Masacre de Ayotzinapa, Educación Lucha y Resistencia en México”, se señala: “el saldo de esta represión, que también afectó a un micro que transportaba un equipo de futbol juvenil y a un taxi que circulaba por el lugar, fue de 6 muertos, más de 40 detenidos y 43 estudiantes desaparecidos, una masacre que tiene como contexto el accionar cómplice de políticos, policías municipales, ejército, marina, traficantes de personas y narcotraficantes que actúan confiando en la impunidad con que suelen contar en México”.
Es preciso mencionar, que de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, también fueron estudiantes, graduándose de normalistas Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, quienes en corto tiempo se convirtieron en guerrilleros.
Lucio Cabañas, encabezó el Partido de los Pobres, en esa época platicaba: “nosotros desde cuando Raúl Caballero Aburto, (gobernador de Guerrero 1957-1961) hicimos pueblo. Los de Ayotzinapa, los de la Escuela Normal Rural nos metimos por los pueblitos y donde quiera anduvimos haciendo mítines y todo, y acarreando al campesinado. Incluso cuando anduvimos de dirigentes en Ayotzinapa dábamos ropa a los pobrecitos campesinos que no tenían con qué vestirse y se acercaban a Ayotzinapa”.
Las guerrillas de los sesenta y setenta en el estado de Guerrero surgieron de una lucha electoral burlada por el poder, formándose el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que cumplió 50 años de subsistir, junto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos guerrilleros más antiguos de Latinoamérica.
Lucio Cabañas luchó contra las acciones emprendidas contra el pueblo y los campesinos por el gobernador Caballero Aburto, quien fue partícipe de las crisis de precios de la copra (pulpa seca del coco), del café y de otros productos agrícolas que perjudicaron económicamente a los campesinos que se indignaron por semejantes actos prepotentes del mandatario guerrerense.
Esta represión sin límites contra los campesinos los llevó a protestar y a la integración del Consejo de las Organizaciones del Pueblo de Guerrero.
Recordemos que la primera petición de los padres de los 43 normalistas a principios de octubre de 2014: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
