La desesperada carrera contra el tiempo que el presidente Andrés López Obrador ha emprendido para poder inaugurar el Ten Maya, una de sus obras insigne de su gobierno y que a la fecha ha representado más del doble de lo que se prometió como inversión, obliga a los encargados a trabajar a marchas forzadas para complacer al tabasqueño.
Puede que no sea tan importante qué es lo que presente el gobierno federal de la construcción para poder llevar a cabo el espectáculo inevitable de una inauguración y cortar el listón, que, en sí, se presenta más como otra de las exigencias capricho muy propias que desafortunadamente ha sido la constante del obradorato, que la materialización de un proyecto bien planeado.
Y no puede pasar por alto que, de lo que más han carecido las tres obras impulsadas por López, son los estudios de impacto ambiental, y atender todas y cada una de las exigencias que deben cumplirse para afectar lo menos posible las zonas naturales, contando desde luego con el acompañamiento y aceptación de los pueblos originarios.
Sin embargo, nada es tan importante para el gobierno de la 4t que terminar de construir lo que ha iniciado el mandatario, quien se ha distinguido por nunca respetar la ley; si aún hay alguien que lo dude, solo basta con echar un vistazo a lo que ha venido sucediendo en esta administración, cuando del respeto a las leyes se trata, es ignorada.
Los ambientalistas, preocupados por lo que se veía venir desde el inicio de la construcción del Tren, de mil formas posibles intentaron llamar la atención respecto del riesgo que corrían las zonas naturales por las que atravesaría dicho medio de transporte, pero, como en ningún otro momento, únicamente los atrevidos y comprometidos ambientalistas se ocuparon de marcar diferencia para intentar rescatar, ante la pasmosa indiferencia de la mayoría, lo que pudieran, por eso, interpusieron diversos amparos para evitar la devastación advertida.
Sin embargo, “genio y figura…”, el presidente se pasó por alto el cumplimiento de la ley, de las normas, de lo que aconsejaba la ciencia y de lo que determinó el poder judicial, declarando como estratégicas, prioritarias, de interés público y de seguridad nacional las instalaciones del Tren Maya.
Bajo estas circunstancias, intentar revertir las condiciones dictadas por el mandatario con algún mecanismo promovido ante el poder judicial, no sería suficiente, pues el tiempo no alcanzaría, ya que los trabajos van a toda prisa y no hay espacio para nada más. La destrucción permitirá contemplar únicamente un antes y un después, será necio arrepentirse de lo que no se hizo.
Particularmente es el tramo 5 de la obra que va de Cancún a Playa del Carmen el que más polémica ha causado, ya que involucra a decenas de cuevas y cenotes, lastimando gravemente el ecosistema del sureste mexicano, y repito, sin que ninguno de los grupos de activistas que han intentado proteger del escocido dicha zona hayan sido escuchados; lo que sí han logrado, es ser tachados de conservadores, entre otros muchos apodos que acostumbra el inquilino de palacio nacional.
Ya ni qué decir de los más de 10 millones de árboles que denuncian los activistas han sido derribados, por mucho que se pretenda descubrir la magnitud del daño ecológico, no se puede más que leer el aproximado por parte de especialistas; no es posible por el momento, saber el alcance real de la destrucción, pero tampoco será posible saber si el futuro de la obra cumplirá las expectativas que tiene López Obrador.
Por encima de todas estas arbitrariedades, ¿quién dice esta boca es mía? De acuerdo al supuesto origen como instituto político para promover una política ambientalista debería estar pegando de gritos el Partido Verde Ecologista de México, que tendría que estar en este momento al frente de marchas y manifestaciones para defender la selva, o, por lo menos, llevar el tema a la discusión ante el Congreso. Pero no lo ha hecho, es más, al pertenecer a la alianza integrada por Morena y el Partido del Trabajo, se acomoda como parte del problema.
Es una total incongruencia de un instituto político cuyo propósito supone ser contrario a lo que al día de hoy apoya; la explicación desafortunadamente es simple, tanto éste, como el Partido del Trabajo, únicamente ponen interés en su subsistencia y futuro inmediato, apoyando en todo, aún por encima de sus principios e ideales, al partido del presidente, con eso creen que lo tendrán asegurado.
Lamentable papel de un partido Verde Ecologista, que, por principio, debería cambiar su nombre y revisar sus documentos básicos por otros que sean más congruentes con su actuar. Porque lo suyo, no es, ni de lejos, encumbrar su propósito de existencia, sino el interés particular o de grupo, nada más.
Por desgracia, la destrucción de la selva y la complicidad del impresentable Partido Verde se ha dado desde el inicio del sexenio, aunque no es en lo único que deberían estar preocupados los mexicanos, hay muchos otros temas para hacerlo, como el de la seguridad. O, como lo es también, la herencia que someterá al próximo titular del ejecutivo federal, sea quien sea, pues llegará a gobernar con un muy limitado margen de maniobra en el tema económico.
No hay, ni siquiera una idea aproximada de lo que encontrará el próximo presidente del país; recursos comprometidos por muchos años, el pago de deuda más grande jamás imaginada, entre otras linduras, pero particularmente la impericia del manejo de las finanzas públicas evitará que el nuevo titular del ejecutivo proyecte obras propias para dejar huella de su paso por la presidencia, a menos claro, que repita la fórmula actual, meter la mayor parte de los recursos de todos los mexicanos a caprichos nuevos.
A pesar de que aparentemente las cosas se presentan como inevitables para continuar con la terquedad del oriundo de Macuspana, nadie puede garantizar el éxito del Tren Maya, del Aeropuerto de Sata Lucía, o, de la Refinería de Dos Bocas; el tiempo, los usuarios y las condiciones internacionales marcarán el paso y no se ve que quieran acomodarse a la voluntad de nadie.
