Gobernanza digital: modernizar sin excluir
La transformación digital del Estado ya no es una promesa futurista. Es una exigencia del presente. En el Estado de México, la reciente reforma constitucional publicada el pasado 22 de enero, mediante el Decreto 261, marca un punto de inflexión: la simplificación administrativa y la digitalización de trámites dejan de ser una opción y se convierten en mandato.
A primera vista, la digitalización parece una medida técnica. Sin embargo, sus implicaciones son profundamente democráticas. Cuando un trámite puede realizarse en línea, sin filas interminables, traslados costosos o intermediarios innecesarios, lo que se fortalece no es solo la eficiencia administrativa, sino el ejercicio efectivo de derechos.
La gobernanza digital, entendida como la incorporación estratégica de tecnologías en la gestión pública, tiene el potencial de acercar al Estado con la ciudadanía, reducir cargas burocráticas y optimizar recursos. Puede traducirse en mayor transparencia, certeza jurídica y confianza institucional.
Pero modernizar no es lo mismo que automatizar sin reflexión.
La consolidación de la Agencia Digital del Estado de México abre una oportunidad relevante para diseñar políticas tecnológicas con enfoque de derechos humanos. Esto implica asegurar accesibilidad universal, proteger los datos personales y garantizar que nadie quede fuera por falta de conectividad o habilidades digitales.
La experiencia internacional muestra que la digitalización también puede producir nuevas desigualdades. Las brechas tecnológicas persisten; los algoritmos pueden reproducir sesgos; la recopilación masiva de datos puede afectar la privacidad. Si no se diseñan con criterios de equidad e inclusión, las herramientas digitales pueden convertirse en barreras invisibles.
Por ello, la gobernanza digital debe incorporar principios claros: igualdad sustantiva, no discriminación, seguridad de la información y participación ciudadana. La tecnología debe ser un medio, no un fin. Un puente, no un filtro.
En esta nueva etapa, el reto no es únicamente digitalizar más rápido, sino hacerlo mejor: garantizar que cada plataforma, cada sistema y cada procedimiento automatizado respete la dignidad humana.
La transformación digital del Estado de México puede convertirse en un modelo de innovación pública con enfoque de derechos. Pero su legitimidad dependerá de algo sencillo y profundo: que la tecnología sirva para ampliar oportunidades, no para restringirlas.
Modernizar es necesario. Hacerlo sin excluir es indispensable.
