La clase política en el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Gobierno de la Ciudad de México se han hecho (a partir de sus comportamientos, decisiones y declaraciones) motivo de la discusión, tanto en redes sociodigitales como en medios de comunicación tradicionales. Sus maneras de conducirse y sus expresiones han echado por tierra la idea de que se acabaron los privilegios.
Como lo escribió mi estimada Noemí Muñoz —aquí mismo en DigitalMex la semana pasada—: “La austeridad es un baño de color que se aplican los nuevos gobiernos”. Yo añadiría: y quienes desean agradar al nuevo régimen.
Lamentablemente, la difusión de esos sucesos también ha puesto en evidencia la incomodidad que el periodismo provoca al poder, en el ejercicio de la libertad de prensa. Hay quienes señalan que los medios de información solo hacen campaña en contra de la clase política para desprestigiarla. La mala noticia es que esa es una de las funciones del periodismo: señalar las fallas del poder, sus errores, incongruencias y omisiones.
En el caso de nuestro país, así ha ocurrido desde hace varios años, particularmente desde los años 70 y 80, cuando el viejo régimen hegemónico priista empezó a resquebrajarse y esa dinámica se acentuó con la primera alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000, así como con la operación del marco legal en materia de transparencia y acceso a la información (cuyos órganos autónomos han desaparecido, ¿por qué será?).
En su momento, el diario “Novedades” documentó la llamada “Guerra sucia” en nuestro país, evidenciando la represión estatal y operaciones clandestinas contra la disidencia, con la participación de gobiernos priistas, lo que inició el proceso de declive —en la opinión pública— de ese partido político, aunque tardó dos décadas en concretarse con la pérdida de la Presidencia del país.
Desde hace años, hay periodistas que realizan investigación (en ocasiones alimentados o alentados por grupos opositores al gobierno en turno) para exponer los yerros del régimen y debilitar sus posiciones, de manera que, en la competencia electoral, puedan capitalizar políticamente esas fisuras. Es parte de la lucha por el poder. Así ha ocurrido con los regímenes anteriores.
Eso ocurrió durante los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, cuyos yerros en diferentes materias fueron ampliamente alentados y aprovechados (por las “benditas redes sociales”) para generar la percepción de que era necesario quitar al PRIAN del poder, sumado a diferentes errores que cometieron en políticas públicas, lo que permitió el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.
Por ello, no debe extrañar que ocurra lo mismo en la actualidad y que las actitudes, comportamientos, decisiones, expresiones —verbales y no verbales— y presuntas aclaraciones sean motivo de cuestionamientos e incluso ataques.
Sin embargo, no significa que se encuentren cómodos en el poder y que acepten —sin chistar— las publicaciones en los diferentes medios de comunicación. El peso de los medios es notorio, tanto que así lo acredita la reciente declaración —que luego intentó desmentir— de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en el sentido de establecer un acuerdo con los medios de comunicación para disminuir la percepción de inseguridad entre la población.
“Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación para que le bajáramos a la nota roja, ¿no?, porque sabemos que la nota roja es lo que atrae, porque los medios, porque la gente ve la nota roja y es una estrategia de los medios de comunicación para que la gente los vea, ¿no?”, dijo la jefa de Gobierno durante una conferencia de prensa. Eso fue interpretado como la intención de promover un “pacto de silencio”.
No habría que perder de vista que en gobiernos anteriores ya ha ocurrido algo similar e incluso se ha concretado. En 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se firmó un acuerdo con los principales medios masivos de comunicación —Televisa, TV Azteca, entre otros— para autorregular la cobertura de violencia, evitando términos como “narcofosa” o “encobijado”, a fin de minimizar la difusión de mensajes del crimen organizado.
En 2023, se promovió una alianza por “Noticias Positivas”, en la que corporativos mediáticos, incluyendo a TV Azteca, Milenio y El Universal, entre otros, acordaron promover un “discurso enfocado en valores y acciones positivas”, lo cual fue criticado por omitir temas éticos o críticos.
Lo que sí es un hecho es que las personas que realizan actividades públicas o políticas están más expuestas al escrutinio ciudadano y a su visibilización en medios tradicionales de comunicación, así como en el entorno digital, por lo que se hace evidente la necesidad de que la clase política deje el cinismo y se conduzca con mayor probidad y con elevados estándares éticos. Es decir, requerimos una clase política más profesional.
Porque las preguntas que surgen son: ¿Qué hubiera sucedido si a la anterior presidenta de la SCJN le hubieran limpiado los zapatos, como ocurrió con el actual presidente? ¿Cuántas mexicanas tienen a su disposición un salón de belleza en su centro de trabajo y pueden arreglarse mientras deberían estar cumpliendo su responsabilidad?
