La degradación de servicios públicos como educación, salud, seguridad, recaudación y apertura de empresas, por mencionar algunos, al volverse “defectuosos” e inaccesibles para mucha gente; la desigualdad y la pobreza, porque el dinero destinado al bienestar social termina en manos que buscan su beneficio personal; y la pérdida de confianza en las instituciones públicas son algunas de las consecuencias de la corrupción.
Por ello, en el Plan de Desarrollo del Estado de México, el primer eje se refiere al combate a la corrupción, porque es un problema que frena el crecimiento al impactar negativamente la competitividad y el desarrollo de la entidad.
En términos económicos, se calcula que la corrupción en México representa enormes costos que podrían superar los 500 mil millones de pesos anuales, lo que equivaldría al 5 % del Producto Interno Bruto, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INEGI), al afectar trámites y servicios públicos con un costo directo para los hogares de miles de pesos por acto. Lamentablemente, los hogares con ingresos más bajos y que reciben servicios públicos deficientes son los más afectados por este fenómeno.
Por ello, los esfuerzos que se realicen en los tres órdenes de gobierno para detener este flagelo que desde hace años impacta a nuestro país son dignos de señalarse y reproducirse. En ese sentido, el Estado de México ha sentado un precedente con respecto a reconocer los “esfuerzos anticorrupción” en la entidad, que van más allá de solo hacer declaraciones.
Hace unos días, como parte de las actividades de la Semana Anticorrupción del Estado de México, instancias de los tres órdenes de gobierno y de los poderes Ejecutivo y Judicial recibieron seis Premios Anuales y cuatro Distintivos Anticorrupción, en su edición 2025, para reconocer a entes públicos estatales y municipales, así como a los sectores empresarial y social de la entidad.
El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) entregó el Premio Anual y el Distintivo Anticorrupción 2025 a las instancias y personas que, siendo proactivas, contribuyen al combate de la corrupción mediante proyectos que aporten mejoras significativas o ejecuten acciones con avances sustanciales en la materia.
En ese sentido, el presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del SAEMM, Alberto Gándara Ruiz Esparza, afirmó que la corrupción no se combate únicamente con normas y buenas intenciones, sino con convicción, con participación ciudadana y con proyectos; mientras que el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, expresó que las personas e instancias galardonadas “representan que servir con honestidad sí es posible, necesario y transforma vidas”.
Con respecto al Premio Anual Anticorrupción, en la categoría sector público estatal, recibieron el reconocimiento José Carlos Severiano Bastida, del Poder Judicial del Estado de México, por su proyecto “Plataforma de Auditoría Predictiva (PAP), un sistema de detección temprana de riesgos de corrupción en el sector público mexiquense mediante inteligencia artificial y blockchain”; así como Pablo Fernando Nava Peña, de la Universidad Autónoma del Estado de México, por el proyecto “El fomento de la cultura de la legalidad para la erradicación de la corrupción en el Estado de México y sus municipios”.
En la categoría sector público municipal, recibieron el premio Anahí De Paz Estrada, del Ayuntamiento de Valle de Bravo, con el proyecto “SARE Valle de Bravo, Sistema de Apertura Rápida de Empresas”; además de Julio Mejía Gómez, del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, por su proyecto “Modelo de Control Interno Anticorrupción basado en COSO (MCIA-COSO)”.
Con respecto al ámbito empresarial o social, el reconocimiento se otorgó a Nallely Rodríguez Bruno, por el proyecto “Guardianes del Futuro: Modelo Comunitario Otomí para la Transparencia y la Mejora Continua”, y a Óscar Sánchez Esparza, con el proyecto “Arimatea, Escudo Anticorrupción: Estrategia para la Prevención y Fiscalización Ciudadana en los Procesos de Contratación Pública Mexiquense”.
Adicionalmente, se entregó el Distintivo Anticorrupción 2025, en la categoría Sector Público Estatal, al Banco de Tejidos del Estado de México, de la Secretaría de Salud, con el proyecto “Código Tejiendo Vidas como Herramienta para Prevenir la Corrupción en la Procuración, Procesamiento, Conservación y Suministro de Tejido Humano”; y a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por el proyecto “Blindaje Electoral 2025”.
En la categoría Sector Público Municipal, se distinguió a la presidenta municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce, con el proyecto “Mapa Interactivo Digital”; así como al Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, por su proyecto “Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción para el Sector Público del Estado de México en la Coordinación de Catastro, Impuestos Inmobiliarios y Atención al Contribuyente”.
Sin duda alguna, aún falta mucho por avanzar en esa materia, por lo que el esfuerzo sostenido del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios deberá redoblarse en 2026, y se observarán mejores resultados conforme se amplíe una cultura de la legalidad y del respeto, aunque es un hecho que no les corresponde solo a las instancias que integran dicho sistema que preside el Comité de Participación Ciudadana. Es una tarea que involucra a todas y todos, y quienes deberían dar el ejemplo son las autoridades, porque combatir la corrupción va más allá de un evento.
