El periodismo transforma decisiones privadas, abusos institucionales y pactos opacos en asuntos de interés público y por ello es incómodo para las estructuras de poder. Su función democrática no se limita a informar: consiste también en preguntar: ¿Quién decide? ¿Con qué recursos? ¿Bajo qué reglas? y ¿En beneficio de quién? Por eso, desde la consolidación de la prensa moderna, los gobiernos, empresas, partidos y grupos criminales han intentado controlar, desacreditar o silenciar a quienes investigan sus actos.
La prensa fue descrita como un “cuarto poder” porque puede vigilar a los poderes formales del Estado. No sustituye a los tribunales ni a los órganos legislativos, aunque aporta algo indispensable: información verificable para que la sociedad evalúe a quienes gobiernan. Una denuncia periodística puede revelar corrupción; una investigación puede documentar una desaparición; una cobertura sostenida puede impedir que una tragedia sea reducida a una cifra. El periodismo, en suma, convierte el poder invisible en responsabilidad visible.
La reacción del poder no siempre adopta la forma clásica de la censura. En el mundo contemporáneo opera mediante una combinación de violencia, presión económica, desinformación, vigilancia digital, demandas judiciales y campañas de estigmatización. También aparece cuando se condiciona la publicidad oficial, se restringe el acceso a la información o se concentra la propiedad de los medios en pocas manos. El resultado puede ser el mismo: reducir la capacidad de los periodistas para investigar y de la ciudadanía para conocer.
El deterioro es global. De acuerdo con un informe de la UNESCO, la libertad de expresión disminuyó 10 por ciento entre 2012 y 2024. Durante el periodo 2022-2025, 186 periodistas fueron asesinados mientras cubrían guerras y zonas de conflicto, un aumento de 67 por ciento respecto del periodo anterior. Sólo en 2025 fueron asesinados 93 periodistas en el mundo, 60 de ellos en zonas de conflicto.
Estas cifras reflejan la dimensión más extrema de la violencia, pero no agotan el problema. La presión económica debilita a las redacciones; la migración de la publicidad hacia las plataformas digitales reduce los ingresos de los medios; la polarización transforma al periodista en enemigo político y la mal llamada “inteligencia artificial” facilita la fabricación de contenidos falsos. El desafío actual es paradójico: se necesita más periodismo de investigación justo cuando existen menos recursos para financiarlo.
El ecosistema digital tampoco ha democratizado automáticamente la información. Ha ampliado las posibilidades de publicar, pero también ha multiplicado los rumores, la propaganda y las campañas coordinadas de hostigamiento. La audiencia recibe más contenidos, aunque no necesariamente más conocimiento. En ese entorno, la verificación, la transparencia sobre las fuentes y la diferenciación entre información, opinión y publicidad se vuelven condiciones esenciales de credibilidad.
México concentra buena parte de estos riesgos. En la clasificación de la organización Reporteros Sin Fronteras de 2025, el país ocupó el lugar 124 entre 180 naciones, con una puntuación global de 45.55. Su indicador de seguridad fue particularmente grave: 27.70 puntos y el lugar 163. El dato muestra que el problema mexicano no es sólo la existencia de restricciones jurídicas o presiones políticas; es la posibilidad misma de ejercer el oficio sin ser asesinado, desaparecido o amenazado.
El informe Estructuras del silencio, de ARTICLE 19, documentó que en 2025 hubo en México siete asesinatos de periodistas, una desaparición y 451 agresiones contra periodistas y medios. Esto equivale a una agresión aproximadamente cada 20 horas. La cifra revela que la violencia no es una colección de casos aislados, sino un entorno permanente de intimidación. Cada ataque puede producir autocensura no sólo en la víctima, sino en toda una redacción y en las comunidades que dependen de ella.
A la violencia física se suma el uso del derecho como mecanismo de presión. ARTICLE 19 registró 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios entre enero y julio de 2025. Las demandas y procedimientos pueden ser utilizados para desgastar económicamente, obligar a revelar fuentes o disuadir investigaciones legítimas. Así, la censura contemporánea puede presentarse con el lenguaje formal de la legalidad.
La impunidad agrava el problema. Cuando un asesinato o una amenaza no genera una investigación eficaz, el mensaje alcanza a toda la sociedad: informar sobre determinados intereses tiene un costo y ese costo rara vez es asumido por los agresores. Proteger al periodismo, por tanto, no significa conceder privilegios a los comunicadores. Significa defender el derecho colectivo a saber.
El periodismo seguirá siendo incómodo mientras existan poderes que prefieran la opacidad a la rendición de cuentas. La respuesta democrática no es exigirle que deje de incomodar, sino garantizar que pueda hacerlo con rigor, independencia y seguridad. Una sociedad sin prensa crítica quizá parezca más tranquila, pero esa tranquilidad puede ser apenas el silencio producido por el miedo.
#TodoComunica
Los ajustes al gabinete de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, luego de su tercer informe al frente del Poder Ejecutivo mexiquense serán significativos y clave para la segunda mitad de su gestión. Tiene perfectamente claro quiénes han dado los resultados esperados y quiénes sólo simulan. Habrá que ver hasta dónde le dan libertad de acción desde Palacio Nacional.
