La gestión de la primera rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Patricia Zarza Delgado, no puede entenderse solo como un cambio de estilo administrativo: representa una reconfiguración del pacto entre la universidad, su comunidad y el Estado mexiquense. Su llegada a la Rectoría coincidió con una exigencia estudiantil que colocó en la agenda “auriverde” la democratización, la gratuidad progresiva y el bienestar comunitario. Gracias a la estabilidad que logró su gestión con el paso de los primeros meses —después de más de tres décadas—, se logró la aprobación de una nueva ley de la institución. El reto central de los próximos años será convertir ese marco jurídico en instituciones creíbles, recursos suficientes y prácticas cotidianas que no generen nuevas fracturas.
En este primer balance, se vislumbra que el cambio más profundo ha sido político-institucional. La nueva ley sustituye un modelo de designación concentrado en el Consejo Universitario por uno de elección mediante voto personal, directo, libre y secreto, tanto para la Rectoría como para las direcciones de los espacios académicos.
Este nuevo planteamiento modifica la naturaleza del poder universitario: las autoridades dejan de depender exclusivamente de acuerdos de cúpula o de mayorías del Consejo Universitario y ahora deberá construirse —y acreditarse— la legitimidad electoral ante estudiantes, académicos y personal administrativo.
Ese giro legal se acompaña de un rediseño de la representación, mediante la creación del Órgano Electoral Universitario, para el que se plantea autonomía técnica para organizar, supervisar y validar elecciones, lo que permitirá dar certidumbre a procesos que antes podían percibirse como cerrados o poco transparentes. Asimismo, la ampliación del Consejo Universitario a 223 integrantes pretende incorporar una base más amplia de voces, aunque también incrementa la complejidad de la deliberación y la posibilidad de bloqueos.
El segundo cambio de fondo es social. La aprobación de la gratuidad progresiva —con eliminación gradual de inscripciones y reinscripciones— responde a una demanda histórica de accesibilidad. Sin embargo, la propia rectora ha reconocido que la implementación será gradual y estará condicionada por la disponibilidad presupuestal. En este punto podría surgir una tensión inevitable: una promesa de alta carga simbólica como la gratuidad puede volverse fuente de frustración si el calendario, los recursos y las reglas de transición no se comunican con precisión. Con una matrícula superior a 100 mil estudiantes, cada etapa de reducción de cuotas tiene implicaciones financieras relevantes.
El tercer eje que define la nueva ley es el concepto de la “universidad cuidadora”. Más que un eslogan, implica desplazar la mirada institucional hacia la prevención de violencias, la atención al bienestar, la dignificación del trabajo y la reducción de desigualdades dentro de la comunidad. Esta visión es coherente con el estilo de gestión que impulsa la rectora: mayor cercanía, apertura al diálogo y presencia territorial. Apuesta por reconstruir confianza en una institución donde los conflictos se han hecho frecuentes y donde las asimetrías de poder no son ajenas.
Riesgos y puntos de cuidado
El primer riesgo es la transición normativa. La universidad cuenta con un plazo máximo de 365 días para armonizar el Estatuto Universitario y los reglamentos con la nueva ley. En ese proceso deberá definirse, entre otros asuntos, la ponderación exacta de los votos por sector —alumnado, académicos y administrativos—, los requisitos de candidatura, las reglas de campañas, el cómputo y los mecanismos de impugnación. Si estas reglas se perciben como diseñadas para favorecer a un grupo, la reforma democrática puede perder legitimidad antes de operar.
El segundo riesgo es la implementación electoral. El voto directo no equivale automáticamente a elecciones limpias ni a convivencia pacífica. Será indispensable que el Órgano Electoral Universitario cuente con independencia real, presupuesto, personal capacitado, reglas claras y capacidad para sancionar prácticas de presión, actos anticipados, uso indebido de recursos o interferencia de grupos ajenos. La primera elección bajo el nuevo esquema será una prueba decisiva: un proceso defectuoso podría polarizar a la comunidad y desgastar al propio proyecto de la actual gestión.
El tercer riesgo es presupuestal y político. La gratuidad progresiva exige un compromiso financiero sostenido, no solo declarativo. La universidad deberá construir un plan anual verificable, con metas, fuentes de financiamiento, criterios de priorización y mecanismos de rendición de cuentas. Asimismo, la capacidad de gestión para obtener recursos federales y estatales será determinante; de lo contrario, la expectativa podría chocar con la realidad fiscal y alimentar conflictos internos entre los diferentes sectores de la comunidad.
El cuarto riesgo es la resistencia interna. La transformación no ha contado con respaldo unánime de todos los sectores y comunidades de los espacios académicos. Persisten grupos con influencia de administraciones anteriores y grupos ajenos que pueden obstaculizar cambios. La rectora deberá evitar que la democratización se convierta en una lucha de facciones. Eso requiere canales permanentes de diálogo, reglas iguales para todos los actores y una separación clara entre la autoridad universitaria y los intereses políticos externos. La autonomía también debe protegerse frente a presiones durante la transición.
En suma, la rectora ha impulsado una reforma que apunta a una UAEMéx más democrática, accesible y cuidadora. Sin embargo, su legado no se definirá por la aprobación de la ley, sino por su aplicación. Si la universidad logra elecciones transparentes, una transición normativa participativa, financiamiento real para la gratuidad y una política de cuidado con institucionalidad, el cambio podrá consolidarse. De lo contrario, la nueva ley podría convertirse en motivo para conflictos aún más intensos.
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La prohibición o regulación del uso de celulares en escuelas de nivel básico no será solución mágica para mejorar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes; será indispensable el compromiso y coordinación entre las familias y las autoridades educativas, de lo contrario no habrá efectividad en la medida.
