Ya les había contado que, por dedicarme a lo que me dedico, nunca falta quien esté esperando a que una mujer “se resbale” para preguntarme: “¿Y luego? ¿Ahí por qué las feministas no dicen nada? ¿Eso no es violencia? ¿Eso no es corrupción?”.
Lo bueno es que, después de tantos años, ya me lo tomo (casi siempre) con humor. Y, por supuesto, la polémica de las últimas semanas en torno al INE no fue la excepción.
Varias personas me han preguntado si lo ocurrido con Guadalupe Taddei constituye violencia política en razón de género. Entiendo la duda, porque hemos escuchado tanto el término que pareciera servir lo mismo para defender a una víctima que para proteger a una funcionaria de las preguntas incómodas sobre su gestión.
Y creo que ahí tenemos un problema.
Desde septiembre de 2020, el Registro Nacional de Personas Sancionadas del INE contabilizaba, al 11 de septiembre de 2026, 508 registros correspondientes a 465 personas sancionadas: 386 hombres y 79 mujeres. Y eso es solamente lo que llegó a una resolución.
Porque muchas mujeres ni siquiera denuncian. Y no lo hacen por lo mismo que ocurre con tantas otras violencias: impunidad y miedo a las represalias. Piensen en una regidora que sabe que, al día siguiente de denunciar, tendrá que volver a sentarse en el mismo cabildo frente a quien la agredió, pero ahora con más miedo por haberse atrevido a alzar la voz.
Y aunque estas historias son sumamente comunes, hoy también quiero poner sobre la mesa algo fundamental: no todo lo que le sucede a una mujer en la vida política es violencia política en razón de género.
Entonces, ¿cómo la identificamos?
La ley establece que esta violencia ocurre cuando una conducta, basada en elementos de género (que, por cierto, no es sinónimo de mujeres), tiene por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Y como servicio a la comunidad, les hice algunas preguntas que creo que pueden ser muy útiles:
- ¿Se lo dirían o harían de la misma manera a un hombre?
- ¿El ataque tiene consecuencias distintas o desproporcionadas por tratarse de una mujer?
- ¿Se utilizan estereotipos sobre cómo debe comportarse, vestirse o hablar una mujer?
- ¿Se cuestiona su capacidad atribuyendo sus logros a un marido, jefe o pareja?
- ¿Se busca humillarla, intimidarla o desacreditarla para impedir que ejerza su cargo?
- ¿Se le niega información, presupuesto, participación o facultades que necesita para desempeñar sus funciones?
- ¿La conducta busca o tiene como resultado obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos o el desempeño de su cargo?
- ¿Se está ejerciendo una crítica legítima o, más bien, se está intentando excluirla de la vida pública?
Evidentemente, llegar a una resolución en la materia es mucho más complejo que contestar estas preguntas, pero mi idea es que al menos nos sea más fácil, a todas y todos, distinguir entre una crítica política y una posible violencia por razones de género.
Tuvimos hace poco el ejemplo de una regidora en Coacalco, Estado de México, quien denunció en redes sociales estar siendo víctima de ataques por su apariencia física tras complicaciones en una cirugía de nariz. Según su denuncia, el tema era ese, su nariz. No se cuestionaba cómo votaba en cabildo ni qué proponía para su municipio. Aunque aquí también habría que evaluar si esto ocurriría de manera distinta si quien lo viviera fuera un hombre y si los ataques afectaron el ejercicio de sus derechos políticos.
Y en el caso de Taddei, ¿qué pienso?
Opino que el hecho de que se revisen contratos del INE y que la prensa investigue posibles vínculos con proveedores es parte del escrutinio público. Las investigaciones y los reportajes recientes han planteado señalamientos que deben esclarecerse, sin confundirlos con responsabilidades ya acreditadas. ¿Se está cuestionando su gestión? ¿Se le están pidiendo cuentas sobre el uso de recursos públicos? Eso, por sí mismo, no constituye violencia política en razón de género.
Pero, por supuesto, las burlas sexistas o los ataques personales sobre su vida amorosa son otra cosa y deben analizarse por separado. Porque tampoco podemos justificar cualquier ataque bajo el argumento de que se trata de una figura pública.
Y es que, como integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, conozco las dos caras de esta discusión: mujeres que viven situaciones gravísimas y no denuncian por miedo, y controversias políticas en las que se invoca esta figura sin que necesariamente existan sus elementos.
Nos costó décadas de lucha conseguir que nuestras leyes reconocieran esta violencia. Por eso me parece tan importante utilizar esta figura con responsabilidad y rigor, sin confundir el derecho a ejercer la política libres de violencia con la obligación de rendir cuentas.
Así que, para quienes siguen preguntando dónde estamos las feministas cuando ocurren estas cosas: aquí estamos. Defendiendo el derecho de las mujeres a ejercer la política sin violencia, pero también su obligación de rendir cuentas.
¡Nos saludamos la siguiente semana!
