Hay instituciones que no se pueden dar el lujo de estar bajo sospecha. El árbitro electoral es una de ellas. Por eso la renuncia, esta semana, de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General del INE, es una señal de alarma sobre quién organizará y, sobre todo, quién vigilará la elección de 2027. La pregunta incómoda alrededor de esa elección es ¿quién va a contar nuestros votos?
Taddei se fue entre señalamientos de la Auditoría Superior por conflicto de interés y triangulación de recursos en contratos del Instituto. Sheinbaum calificó la salida de “muy buena decisión”, pero el fondo no se disuelve con una renuncia. El propio consejero Arturo Castillo habló de la “crisis de corrupción más severa” en 35 años del INE. Carla Humphrey reveló algo demoledor: en 90% de los casos, los consejeros ni siquiera conocían a las personas que Taddei designaba. Un árbitro poblado a dedo. Y, aunque ahora parezcan indignados, con el silencio cómplice de estos consejeros.
Dos voces agregan aristas que vale la pena recoger, con la cautela debida. Hipótesis a verificar, opiniones, no hechos probados, conviene aclarar. En el canal “La Saga”, en tono encendido, analistas y comentaristas hablaron de “cleptocracia” y lanzaron una frase que resume el miedo de fondo: si se pueden arreglar licitaciones, se pueden arreglar elecciones. Ahí se denunció, además, una presunta infiltración partidista —funcionarios ligados con Adán Augusto López y Clara Brugada colocados dentro del Instituto— y se especula que la 4T sacrificó a Taddei por haberse metido en cuotas de poder ajenas.
La otra voz es más grave porque viene del periodismo de investigación. En entrevista con Carmen Aristegui, Ricardo Ravelo —autor de “El lavadero”— sostiene que un empresario “facturero” cercano a Taddei recibió contratos millonarios y se iba a encargar nada menos que de la impresión de las boletas de 2027. Ese mismo personaje, dice, habría grabado los videos que detonaron el escándalo. Ravelo añade que el INE estaría “plagado” de gente afín a Adán Augusto desde Tabasco, con presuntos vínculos al crimen organizado. Y propone, en mi opinión, una idea central: hacerle al INE “una autopsia”, una acción de Estado como la que, tras el magnicidio de Colosio en 1994, reconstruyó al árbitro y le devolvió credibilidad.
Detengámonos ahí, porque esa es la verdadera encrucijada. Imaginar que un proveedor consentido imprimiera las boletas de 2027 no es un detalle administrativo: es el corazón mismo de la desconfianza. Y el antídoto no puede ser cosmético.
¿Qué sigue? Los diez consejeros deben nombrar una presidencia provisional por mayoría simple. El relevo definitivo lo conduce la Cámara de Diputados: convocatoria, comité de evaluación, quinteta y 334 votos de mayoría calificada y, si no se alcanzan, terminaría en insaculación y tómbola. Quien llegue no es un interino cualquiera: termina el periodo que corre hasta 2032 y abarca las elecciones de 2027 y 2030. Monreal pide no “atropellar” el proceso; el PRI exige una mujer independiente; Movimiento Ciudadano, un comité de expertos.
Aquí está el riesgo que un ciudadano debe mirar de frente. Con Morena y aliados dominando San Lázaro, el relevo puede convertirse en lo contrario de una limpieza, sería la oportunidad de instalar un árbitro aún más dócil. No olvidemos que ya se coló una reforma —del morenista Pavel Jarero— que dio “superpoderes” a la presidencia del INE para designar directores sin el aval de los consejeros. La misma mano que denuncia la captura podría estar afinando otra.
Y todo esto ocurre mientras se empuja una reforma electoral que absorbería a los organismos locales y elegiría a los árbitros por voto popular. Las democracias de hoy rara vez se quiebran con tanques; se vacían por dentro, entre otras cosas, cuando el árbitro deja de ser imparcial. El caso Taddei es la prueba doméstica de esa tesis.
No se trata de romantizar el pasado. Se trata de recordar que el INE no es de los partidos ni del gobierno: es del ciudadano que hace fila un domingo para que su voz valga lo mismo que la del poderoso. Esa es la joya que se defiende. Por eso debe reconstruirse un árbitro sin dueño; de otra manera, en 2027 iremos a votar con la sospecha sentada en la casilla. Y si los electores dudan de quién cuenta sus votos, no hay legitimidad que valga.
