Hay cifras que no describen un problema: lo confiesan. La más reciente encuesta de México Elige preguntó a los mexicanos cuál es el principal problema del país, y la respuesta fue un espejo incómodo para quien gobierna: 32.6% dijo que la corrupción. Casi el doble que la inseguridad, muy por encima del narco y de la violencia. El INEGI lo confirma desde hace años: en la mayoría de los estados, ocho de cada diez ciudadanos consideran que la corrupción es frecuente. Lo extraordinario no es el número. Es quién lo recibe.
Morena llegó al poder jurando barrer la corrupción “de arriba hacia abajo”. Proclamó que el problema de México no era técnico sino moral, que bastaba la honestidad del gobernante para redimir al país. Siete años después, sus propios seguidores le devuelven el diagnóstico convertido en sentencia: el problema sigue siendo la corrupción. Nunca barrieron la escalera, quizá nunca fue su propósito, es más, la escoba se volvió el símbolo de su propio fracaso. Y el contraste se mide en nuestra casa. La gobernadora Delfina Gómez asumió el discurso anticorrupción de su movimiento, pero arrastra el caso de los diezmos que marcó su paso por Texcoco, un expediente público que llegó hasta la autoridad electoral sin mayores consecuencias. Predicar la pureza y cargar esa sombra es, exactamente, la distancia entre el sermón y el espejo.
Si queremos ponerle ubicación territorial a la estadística, el Estado de México colecciona podios que avergüenzan. Somos tercer lugar nacional en tomas clandestinas de combustible para obtener “huachicol” en su modalidad de a pie, el de la manguera y el túnel, ese que en Ecatepec llegó a excavar pasadizos bajo las calles para ordeñar los ductos. Pero el combustible no sólo se roba abajo, con las manos. También se roba arriba, con una firma. Los señalamientos sobre el llamado “huachicol fiscal” trepan hasta nombres que alguna vez estuvieron al frente de la inteligencia del Estado mexicano. Son, por ahora, acusaciones que deben ser investigadas porque indicios sobran y, si resultan culpables, tienen que ser castigados. El mismo delito atraviesa el país de punta a punta: del túnel de Ecatepec a la aduana, del ratero con manguera al operador de la estructura administrativa con despacho. Del ducto a la aduana, es la misma mano.
Eso sí, cuando uno pregunta por la aprobación de la gobernadora, descubre la grieta más reveladora de todas. Hay mediciones que la colocan rondando el 33%, entre los gobernadores peor evaluados del país, con una caída de casi treinta puntos en un año. Aunque encuestadoras afines la elevan al 66%, previo a su informe. Más de treinta puntos de diferencia para medir a la misma persona, en el mismo estado, casi en la misma fecha. No es estadística: es propaganda con bata de laboratorio. El problema de fondo no es cuánto aprueban a la gobernadora; es que ya no existe una realidad compartida para medirlo. La encuesta dejó de ser termómetro y se volvió trinchera. Y cuando el número se vuelve arma, el ciudadano se queda sin brújula, conveniente para quien no quiere ser medido.
No nos engañemos tampoco con el calendario. En 2027 el Estado de México no elige gobernador, y por eso muchos darán por dormida la contienda. Se equivocan. Se juegan 125 ayuntamientos, 75 diputaciones locales y 40 federales de mayoría. Elegiremos al tejido fino del poder, el que decide si una colonia tiene agua o si una obra se licita o se asigna a la mafia que secuestra el presupuesto público. Ahí, en lo pequeño, se definirá si la oposición respira o se extingue. Ese 32.6% que identifica a la corrupción como el principal problema actual es un consenso enorme que nadie ha sabido convertir en proyecto y es la deuda que la oposición tiene consigo misma. Indignarse es fácil. Ofrecer una alternativa decente, sin la soberbia de quienes se creen dueños del enojo ajeno, es la tarea pendiente.
Porque la corrupción no es un expediente ni una gráfica. Es un robo íntimo: la patrulla que no llega, los insumos hospitalarios que faltan, el camino que se cae mientras alguien presume una cifra. Pero, sobre todo, roba la confianza. Roba la certeza elemental de que vale la pena ser honesto y de que no hay impunidad y la ley alcanza a todos. Cuando esa confianza se pierde, se pierde el país entero, aunque los números manipulados digan que todo marcha bien.
El viento, decían los antiguos, se lleva las palabras. Ojalá no se lleve también la memoria. Porque este 32.6% no es un reproche pasajero: es una factura. Y tarde o temprano, en las urnas o en la historia, alguien tendrá que pagarla. Tengamos presente que la corrupción no se derrota con encuestas a modo: se derrota con vergüenza, esa que hoy escasea en quien manda. El Estado de México merece gobernantes que le teman al espejo. Y si ellos no se atreven a mirarse, nos toca recuperar la confianza en nosotros y ponerles enfrente ese espejo en 2027, con la única encuesta que no se compra ni se maquilla: el voto.
