El Valle de Toluca lleva días convertido en una prueba de resistencia para miles de personas. Llegar al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, acudir a una consulta médica o simplemente cruzar la ciudad se ha vuelto una apuesta contra el reloj. Y detrás de este caos hay algo más preocupante que el congestionamiento: la incapacidad de las autoridades para anticipar conflictos, construir acuerdos y evitar que los ciudadanos terminen pagando las consecuencias.
La semana pasada, trabajadores del IMSS bloquearon Paseo Tollocan, en Toluca, y avenida Tecnológico, en Metepec, para exigir mejoras salariales y laborales, además de medicamentos e insumos para las unidades médicas. Las protestas provocaron recorridos de hasta dos horas y afectaciones en las principales conexiones del Valle de Toluca.
Ahora, el conflicto se trasladó a la carretera México-Toluca, a la altura de Lerma, donde familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda bloquearon la vialidad para exigir avances en las investigaciones y la intervención del fiscal general de Justicia del Estado de México.
El saldo vial ha sido descomunal: filas de vehículos de más de diez kilómetros y automovilistas que han permanecido varados entre diez y quince horas, según reportes periodísticos.
Conviene decirlo con claridad: ni las demandas laborales del personal médico ni la exigencia de justicia de las familias buscadoras pueden despacharse con indiferencia.
Detrás de ambas protestas existen problemas que requieren respuestas. En el caso de las familias, además, hablamos de personas que buscan a sus seres queridos y reclaman información sobre investigaciones que les afectan directamente.
Pero reconocer la legitimidad de esas exigencias no obliga a ignorar el costo social de los bloqueos. Estudiantes que llegan tarde a clases, trabajadores que pierden horas de su vida en el tráfico, transportistas detenidos y familias que ven alterada su rutina no son responsables de estos conflictos. Sin embargo, son quienes terminan absorbiendo sus consecuencias.
Aquí aparece la pregunta incómoda: ¿dónde estuvo la capacidad de negociación antes de que las vialidades quedaran paralizadas? ¿Por qué las inconformidades tuvieron que escalar hasta convertirse en crisis de movilidad para que se buscaran interlocutores y mesas de diálogo?
La autoridad no puede limitarse a desplegar policías, realizar cortes a la circulación y recomendar rutas alternas. Eso puede ayudar a administrar la emergencia, pero no resuelve el problema de fondo. Gobernar también significa escuchar a tiempo, identificar conflictos, convocar a quienes tienen capacidad de decisión y construir acuerdos antes de que la protesta sea el último recurso para hacerse escuchar.
Tampoco se trata de exigir que toda protesta desaparezca ni de pretender que el derecho a la libre manifestación esté subordinado a la comodidad de los automovilistas. Se trata de exigir que las instituciones cumplan su responsabilidad: atender las demandas, garantizar condiciones para la protesta y proteger a la población que transita por las vialidades.
