Estamos en la temporada de informes de gobierno, que antecede al último trimestre del año, y la historia se repite: parecen diseñados para convencer a los convencidos.
El cardenal tapatío José Francisco Robles Ortega puso el dedo en una llaga que no es nueva, pero que tampoco deberíamos acostumbrarnos a ignorar: los informes de gobierno han ido perdiendo su esencia como ejercicios de rendición de cuentas para convertirse, demasiadas veces, en escaparates del poder.
Se cuentan los logros, se enumeran las obras, se presumen las cifras favorables y se proyectan los grandes proyectos; pero las preguntas incómodas suelen quedarse fuera del guion. Sin autocrítica, el informe se parece más a un mensaje de propaganda que a un ejercicio democrático.
Y aunque quien escribe esta columna ha sido guionista, en múltiples ocasiones, de informes de resultados, debemos reconocer que muchas veces se trata de actos para adular el ego de los gobernantes. En raras ocasiones se expone aquello que la sociedad realmente necesita saber.
La rendición de cuentas no consiste en presentar una colección de buenas noticias acompañadas de aplausos. Consiste en explicar qué se prometió, qué se cumplió, qué quedó pendiente, cuánto costó, por qué no se cumplió lo demás y, sobre todo, qué se piensa hacer para corregirlo.
El señalamiento del cardenal resulta particularmente oportuno porque tampoco se trata de un asunto exclusivo del Gobierno federal. Los municipios, los estados y las instituciones públicas enfrentan exactamente la misma tentación: construir informes a la medida de sus audiencias políticas.
Eventos cuidadosamente organizados, asistentes afines, cifras seleccionadas y discursos donde prácticamente todo parece marchar de maravilla. Pero afuera del recinto está la ciudadanía que enfrenta inseguridad, servicios deficientes, problemas de movilidad, falta de agua, desempleo, desapariciones o cualquier otra realidad que difícilmente cabe en una pantalla de resultados.
Robles Ortega planteó que un informe debe dirigirse a toda la comunidad y estar abierto a la opinión de los ciudadanos, no solamente a quienes acompañan o respaldan al gobernante.
Hay, además, una pregunta que deberíamos hacernos como sociedad: ¿por qué seguimos confundiendo aprobación con rendición de cuentas?
Que un informe sea celebrado por simpatizantes no significa que haya sido bueno; que una plaza esté llena no demuestra que un gobierno haya cumplido; y que una cifra sea positiva no necesariamente significa que el problema esté resuelto.
Gobernar también implica reconocer errores, explicar omisiones y aceptar que existen ciudadanos que no están de acuerdo.
Al final, un buen informe no es aquel que consigue que todos salgan aplaudiendo. Es aquel que permite que, al terminar, la sociedad tenga más información, más elementos para evaluar a su gobierno y menos razones para desconfiar de él.
En pocas palabras, los informes deben ser un instrumento de credibilidad, no un ejercicio de autocomplacencia.
