Hace unos días, el calendario jurídico parece que fue programado para escribirse sobre una coincidencia casi literaria. Esta es una de ellas. El pasado 4 de septiembre se cumplieron ciento dos años del nacimiento de Héctor Fix-Zamudio, en una casa del Centro Histórico de la Ciudad de México donde nadie pudo prever que ese niño llegaría a ser, décadas después, el hombre que enseñó a Iberoamérica a defenderse a sí misma con sus propias leyes.
Un día después, a miles de kilómetros, en Alemania, se apagó la voz de Robert Alexy, el filósofo que durante medio siglo insistió en que el derecho, para merecer ese nombre, tiene que rendirle cuentas a la razón y a la justicia. Ciento dos años de distancia entre un nacimiento y una muerte, cuatro días de distancia entre una efeméride y un obituario: el azar, que rara vez es tan elocuente, quiso que ambos nombres coincidieran en la misma semana de este septiembre para recordarnos que la dignidad humana ha necesitado, para sobrevivir al siglo veinte, no una sino dos lenguas.
Una de esas lenguas es la del procedimiento. La otra, la del principio. Fix-Zamudio habló la primera con una precisión de relojero; Alexy, la segunda, con el rigor de un arquitecto de catedrales invisibles. Y aunque nunca coincidieron en un aula ni citaron el uno al otro con frecuencia, sus obras terminaron por sostener el mismo edificio: el de un derecho que ya no se conforma con ser válido, sino que aspira, también, a ser justo.
Conviene detenerse en el mexicano primero, porque su historia es también la nuestra. Fix-Zamudio se formó en una época en que el juicio de amparo era, todavía, una promesa incumplida: un instrumento noble en el papel, lento y esquivo en los tribunales, incapaz muchas veces de alcanzar a quienes más lo necesitaban. Él no se conformó con heredar esa promesa; se propuso repararla. De ahí nace su empeño, sostenido durante más de setenta años de investigación ininterrumpida en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, por convertir el amparo en una garantía viva, capaz de tutelar no solo la libertad individual frente al poder, sino la totalidad de los derechos que hoy llamamos humanos. Junto con el italiano Mauro Cappelletti, con quien mantuvo un diálogo intelectual que atravesó el Atlántico durante décadas, Fix-Zamudio fue reconocido como uno de los fundadores de una disciplina que hoy se enseña en todas las facultades de derecho de habla hispana: el derecho procesal constitucional, esa rama que estudia, precisamente, cómo se hacen exigibles los derechos que las constituciones apenas prometen.
Pero reducir a Fix-Zamudio a la teoría sería traicionar su legado. Fue, sobre todo, un hombre de instituciones. Impulsó, junto con Jorge Carpizo, la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la UNAM, embrión mexicano de una figura que después se multiplicaría por todo el continente: el ombudsman.
Fue promotor incansable de que México y América Latina adoptaran comisiones autónomas de derechos humanos, ese modelo institucional del que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es heredera directa, y que entiende la defensa de la dignidad no como una concesión graciosa del poder, sino como una obligación exigible, revisable, sujeta a procedimiento y a prueba.
Juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos periodos, entre 1990 y 1993 y de nuevo entre 1995 y 1997, Fix-Zamudio ayudó a construir, desde San José de Costa Rica, la arquitectura jurisprudencial que hoy protege a millones de personas en un continente que conoció, en el mismo siglo que lo vio nacer, algunas de las dictaduras más despiadadas de la historia moderna. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1982, el Premio Internacional de la UNESCO para la Enseñanza de los Derechos Humanos en 1986, la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República en 2002 y el Premio Internacional de Justicia de la Unión Internacional de Magistrados en 2004. Fue, hasta su muerte en enero de 2021, a los noventa y seis años, investigador emérito y miembro de El Colegio Nacional. Quienes lo conocieron no hablan de un genio distante, sino de un maestro accesible, del que hoy en El Colegio Nacional y en los pasillos del Instituto se sigue diciendo, con una mezcla de cariño y reverencia, que fue el maestro de los maestros.
Del otro lado del Atlántico, la historia de Robert Alexy nace de una herida distinta, pero no menos profunda. Alemania, tras la caída del nazismo, tuvo que hacerse una pregunta que ningún jurista debería tener que formular y que, sin embargo, resultó ineludible: ¿puede llamarse derecho a una ley que ordena el exterminio? El filósofo Gustav Radbruch respondió que no, que existe un umbral de injusticia tan extremo que, al ser cruzado, una norma deja de merecer el nombre de derecho, por más que haya sido promulgada conforme a todas las formalidades.
Esa fórmula, nacida del horror, permaneció como una cicatriz teórica en la conciencia jurídica alemana durante décadas, y fue Robert Alexy quien la retomó con mayor sistematicidad, décadas después, para juzgar a los guardias del Muro de Berlín que habían disparado contra quienes intentaban cruzarlo. Alexy sostuvo, con una argumentación que todavía se discute en las facultades de derecho de medio mundo, que aquellas órdenes de disparar, aunque estuvieran amparadas por la legalidad de un Estado, eran tan radicalmente contrarias a la justicia que no podían reclamar validez jurídica. Con ello reabrió, en pleno siglo veinte, el debate más antiguo de la filosofía del derecho: si la ley y la moral son, en efecto, dos órdenes separables, o si toda norma jurídica arrastra, quiera o no, una pretensión de corrección que la vincula, así sea mínimamente, con la justicia.
De esa convicción nació el resto de su obra. En su Teoría de la argumentación jurídica, publicada en 1978, Alexy explicó que las sentencias de los jueces no son actos de voluntad arbitraria disfrazados de silogismo, sino el resultado de un discurso racional sometido a reglas que pueden reconstruirse y, por lo tanto, criticarse. Años más tarde, en su Teoría de los derechos fundamentales, propuso una distinción que transformó la manera en que hoy se litigan los derechos humanos en todo el mundo: la diferencia entre reglas, que se aplican o no se aplican, y principios, que son mandatos de optimización, órdenes de realizar algo en la mayor medida posible dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes.
De ahí surgió su célebre ley de la ponderación, el método mediante el cual un tribunal puede, con rigor y no con intuición, decidir cuál de dos derechos en conflicto debe ceder ante el otro en un caso concreto, y en qué medida. Ese método, nacido en los seminarios de la Universidad de Kiel, terminó por convertirse en el lenguaje común de las cortes constitucionales de Alemania, España, Colombia, México y buena parte del planeta. Cuando un juez mexicano pondera hoy la libertad de expresión frente al derecho al honor, o el interés superior de la niñez frente a la patria potestad, está hablando, sin saberlo casi siempre, en la lengua que Robert Alexy inventó.
Aquí es donde las dos biografías, la del jurista mexicano y la del filósofo alemán, dejan de ser paralelas y se convierten en complementarias. Fix-Zamudio dedicó su vida a construir los caminos procesales por los que un derecho puede, efectivamente, ser exigido ante un juez: el amparo, la comisión de derechos humanos, la corte internacional. Alexy dedicó la suya a demostrar por qué esos caminos tienen sentido, por qué no basta con que una autoridad diga que algo es legal para que sea, en verdad, legítimo. El primero le dio al derecho sus puertas; el segundo, la razón de por qué esas puertas deben abrirse siempre hacia la dignidad y nunca hacia la arbitrariedad. Sin el andamiaje procesal de hombres como Fix-Zamudio, la filosofía de Alexy habría quedado confinada a los libros, como un bello ejercicio especulativo sin consecuencias prácticas. Sin la fundamentación filosófica de pensadores como Alexy, el edificio procesal de Fix-Zamudio correría el riesgo de convertirse en una maquinaria vacía, eficiente pero ciega, capaz de tramitar expedientes sin preguntarse jamás a quién sirve.
Esa es, quizás, la lección más urgente que esta coincidencia de septiembre nos deja en México y en el Estado de México. Vivimos tiempos en que la legalidad se invoca con frecuencia como escudo y rara vez como compromiso. Se nos recuerda, desde el poder, que tal o cual decisión cumple con la ley, como si eso agotara la pregunta, como si la forma jurídica bastara para clausurar el debate sobre la justicia de fondo.
Y, sin embargo, quien acude a presentar una queja ante un organismo de derechos humanos no busca una constancia de legalidad; busca que alguien, con procedimiento y con razones, le confirme que su dolor importa y que el poder que lo lastimó tiene límites. Fix-Zamudio y Alexy, cada uno desde su trinchera, nos enseñaron exactamente lo contrario: que la legalidad sin justicia es una cáscara, y que la justicia sin procedimiento es, apenas, un deseo. Las comisiones autónomas de derechos humanos, como la que tuve el honor de servir, existen precisamente en esa intersección: son procedimiento con vocación de principio, son la lengua de Fix-Zamudio hablando con el acento de Alexy. Cada recomendación que emitimos, cada queja que documentamos, cada expediente que tramitamos, es un intento, modesto pero disciplinado, de tender un puente entre la norma escrita y la dignidad concreta de una persona.
No fue casualidad que ambos hombres dedicaran su vida a pensar el poder desde sus límites. Fix-Zamudio nació apenas tres años antes de que México reformara su Constitución para robustecer las garantías individuales que hoy reconocemos como derechos humanos, y creció en un país que necesitaba, con urgencia, aprender a desconfiar de sí mismo, a construir contrapesos frente a un presidencialismo que durante décadas gobernó casi sin fronteras.
Alexy nació en 1945, en las cenizas literales de la Alemania nazi, y su generación entera tuvo que reconstruir, desde los escombros, la pregunta más elemental de la civilización: cómo impedir que la ley vuelva a ser cómplice del horror. Ambos respondieron con la misma convicción de fondo, aunque con herramientas distintas: la de que el poder solo es legítimo cuando acepta ser medido, cuestionado y, si es necesario, corregido por algo superior a su propia voluntad.
Robert Alexy murió, según se ha reportado, a solo unos días de cumplir ochenta y un años, todavía en plena producción intelectual, discutiendo hasta el final con sus críticos sobre los límites de la ponderación y la vigencia del no positivismo frente a un mundo que parece, otra vez, tentado por el atajo autoritario. Héctor Fix-Zamudio, por su parte, murió hace ya más de cinco años, pero su natalicio se sigue celebrando, cada 4 de septiembre, con la misma fidelidad con que se recuerda a quienes fundaron algo que nos sobrevive. Hay una justicia poética en que sus nombres se crucen esta semana en la memoria de quienes trabajamos por los derechos humanos: uno nos recuerda por qué la dignidad necesita instituciones, y el otro, por qué esas instituciones necesitan razones.
Quizá no exista mejor homenaje para ambos que resistirnos a tratarlos como estatuas. Fix-Zamudio no habría querido ser una fecha en el calendario, sino un método vivo, sujeto a revisión, siempre insatisfecho con lo ya logrado, como corresponde a quien pasó siete décadas conviniendo en que ninguna garantía procesal está terminada del todo. Alexy no habría querido ser una nota necrológica, sino una pregunta abierta, discutida, incómoda: la de si la ley que hoy aplicamos merece, en efecto, llamarse derecho. Entre el aniversario de un nacimiento y el eco reciente de una muerte, entre el amparo y la ponderación, entre San José de Costa Rica y Kiel, la dignidad humana sigue buscando, como lo ha hecho durante todo este siglo convulso, quien le preste su voz. Esta semana, al menos, tuvo dos.
