Imagina que tienes ocho años y fuiste víctima de un delito.
Tal vez no entendiste del todo lo ocurrido ni supiste cómo nombrarlo. Sentiste miedo o confusión; quizá pensaste que no te creerían o que algo malo pasaría si hablabas. Cuando por fin lo cuentas, comienza otro camino difícil: oficinas desconocidas, esperas y palabras que no entiendes. No sabes quién es quién, qué está pasando ni qué ocurrirá después. Solo quieres que alguien te lo explique.
Te preguntan qué pasó, a qué hora, cuánto duró y qué hiciste después. Quieres responder, pero a los ocho años todavía estás aprendiendo a ordenar el tiempo, los recuerdos y las palabras. Quizá recuerdas que ya estaba oscuro, el color de una pared o cómo te sentiste, pero no la hora exacta ni el orden de todo. Haces pausas, respondes con pocas palabras, corriges un detalle o después recuerdas algo más. A veces, sin darte cuenta, cuentas solo una parte o le restas importancia a lo ocurrido. Quizá no gritaste ni pediste ayuda como otros esperaban. ¿Sería justo concluir que mientes solo porque tu forma de recordar, contar y reaccionar no es la de una persona adulta?
No, no sería justo. Una niña, un niño o un adolescente cuenta lo ocurrido con las herramientas que su edad y desarrollo le permiten. En esas etapas aún aprende a ordenar recuerdos, entender el tiempo y poner en palabras lo vivido. Puede recordar lo sucedido sin precisar la hora, su duración o el orden de cada detalle. Exigirle la precisión, el vocabulario o las reacciones de una persona adulta no ayuda a descubrir la verdad; convierte su edad en una barrera.
Reconocer esa diferencia no significa creer sin más lo que cuenta. El análisis exige el mismo cuidado y considera su edad, desarrollo y contexto. Así, la edad no se vuelve una desventaja: tratar igual no siempre es tratar de forma idéntica.
Por eso, su participación como víctima en el proceso penal debe ser efectiva: entender qué ocurre, expresarse con libertad y saber cómo se tomó en cuenta su opinión. Para ello, hay que explicarle con palabras sencillas quién es cada persona y qué ocurrirá después.
También debe recibir asistencia especializada y gratuita —jurídica, psicológica u otra que necesite— y contar con personal capacitado que facilite la comunicación. Las preguntas, los tiempos y los espacios deben adaptarse a sus necesidades. Las autoridades deben proteger su intimidad y evitar esperas o repeticiones innecesarias. Es la justicia la que debe adaptarse a la infancia y la adolescencia, no al revés.
Tan importante como escuchar a la víctima es analizar su relato: cada víctima recuerda, cuenta o reacciona de forma distinta. Recordar no significa repetir siempre lo mismo, palabra por palabra y en el mismo orden. Un recuerdo difícil puede aparecer por partes y otros detalles surgir después. El miedo, la confusión o la dependencia de una persona adulta pueden explicar el silencio o la tardanza. Por eso, corregir un dato o reaccionar de forma inesperada no demuestra, por sí solo, que mienta.
Ante una diferencia, no basta decir: “se contradijo”; hay que preguntar qué cambió, por qué y cuánto importa. Una diferencia sobre la hora puede ser secundaria o decisiva según el caso. La edad no la borra; obliga a comprenderla antes de darle peso. También importan cuánto tiempo pasó, cuántas veces lo contó, cómo le preguntaron y si estaba bajo presión.
El relato no se analiza aislado; debe compararse con las pruebas que lo apoyan y con las que lo contradicen. Una puede confirmar el lugar; otra, el momento, y otra, cuándo lo contó. No se presume que la víctima diga la verdad ni que mienta. El caso debe decidirse con pruebas, no con suposiciones sobre cómo debería recordar, contar o reaccionar.
Todo esto se llama perspectiva de infancia y adolescencia. Obliga a las autoridades a considerar su edad, desarrollo y necesidades en toda decisión que les afecte. Su propósito es que puedan comprender, participar y ejercer sus derechos sin quedar en desventaja.
Aplicarla no cambia lo que debe probarse ni permite resolver sin pruebas. Cambia cómo la justicia informa, pregunta, escucha, protege y analiza. Una justicia que exige a la infancia comportarse como una persona adulta convierte las diferencias propias de su desarrollo en barreras. Su deber no es crearlas, sino eliminarlas.
En colaboración con José Luis López Téllez.
