La revocación de visas estadounidenses a un puñado de políticos mexicanos —entre ellos, Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente— ha sido vendida por el oficialismo como una afrenta a la nación entera. No lo es. Es la decisión administrativa de un país soberano sobre personas con nombre y apellido. No tiene que ver con México. Y el que insiste en confundir las dos cosas no está defendiendo a la patria: está usándola de escudo.
Conviene empezar por lo elemental, porque de ahí nace todo el equívoco. Una visa no es un derecho: es un privilegio que un país decide o no entregar a quienes la solicitan. Estados Unidos decide quién es bienvenido a su territorio con la misma soberanía con la que México lo hace en sus garitas respecto al resto de América Latina. El Departamento de Estado, bajo la ley estadounidense, puede retirarla cuando quiera y a su entera discreción, y tampoco sus tribunales aceptan revisar esa decisión —la llamada consular non-reviewability—. Retirar visas no invade suelo mexicano ni desplaza nuestro orden jurídico. No hay intromisión. Hay un país cerrando su puerta, como nosotros cerramos la nuestra todos los días sin darle explicaciones a nadie.
El mecanismo empleado en este caso —la "revocación prudencial"— remata el punto y, de paso, desarma a los dos bandos. Opera con un umbral probatorio bajísimo: basta un reporte de inteligencia o una sospecha para accionarla, sin acusación formal, sin proceso, sin sentencia. Y, retomemos el caso específico de López Beltrán, eso significa, para quienes le cuelgan la etiqueta de culpable, que la cancelación no prueba absolutamente nada.
También significa, para el oficialismo que grita “¡persecución!”, que se está sobredimensionando una medida individual. La revocación no es un veredicto. Tampoco es una declaración de guerra. Quien la eleva a cualquiera de esas dos categorías miente… o no entendió el expediente.
Y, sin embargo, Morena habla de "injerencia", desempolva la Doctrina Estrada e invoca la soberanía con voz engolada. La retórica es sonora y jurídicamente hueca. La Convención de La Habana de 1928 —que México firmó— reconoce el derecho de cada Estado a fijar las condiciones de entrada a su territorio. El artículo 20 de la Carta de la OEA, que prohíbe la coerción, obligaría a probar un patrón sistemático de abuso contra México: una carga casi imposible de satisfacer ante cualquier tribunal internacional. En los hechos, la protesta soberanista no tiene un solo asidero legal. Es teatro. Y el país merece algo mejor que teatro cuando está en juego su relación más importante.
Porque el verdadero riesgo no está en Washington, sino en la tentación de responder con la bandera en alto. México y Estados Unidos comparten tres mil kilómetros de frontera, amplio comercio internacional y la vida de millones de connacionales. Poner esa relación sobre la mesa para blindar a un grupo de señalados (con énfasis en el hijo del expresidente) no es defender la soberanía, es hipotecar el bienestar de los mexicanos. Ningún gobierno responsable arriesgaría su vínculo más determinante por la visa de un particular. Que el gobierno mexicano lo insinúe siquiera revela sus prioridades.
Peor todavía es arrastrar a la nación entera a una polarización por ese motivo. Al presentar al afectado como víctima del imperialismo, el oficialismo enciende la identidad nacional para protegerlo, cuando está en juego algo mucho más pequeño y mucho más incómodo: si debe o no ser investigado en casa. Aquí hay que ser exigente en las dos direcciones. La Fiscalía General de la República asegura que no existe carpeta abierta contra López Beltrán, ¿habría que creerle? Pero exonerar por adelantado desde la mañanera no es función de la titular del Ejecutivo. Es un atropello a la autonomía que la Constitución le reconoce a la Fiscalía. Si los señalamientos de presunto contrabando de combustible (“huachicol fiscal”) son tan graves como se dice, la respuesta no es una conferencia de prensa a modo, sino una fiscalía que investigue.
Ahí está la paradoja que el discurso soberanista, surgido por esta cancelación, prefiere no mirar. Estados Unidos no está juzgando a México, está negándole la entrada a un mexicano por conductas presuntamente ocurridas aquí, en nuestro territorio, bajo nuestras leyes y ante nuestra impunidad, pero que afectan a la población de aquel país. Convertir eso en épica de resistencia nacional no protege a la República. Encubre la pregunta que de verdad importa.
México no tiene un conflicto con Estados Unidos. Algunos mexicanos perdieron una visa, López Beltrán entre ellos. Confundir ambas cosas —transformar un privilegio revocado en herida de la patria— no fortalece la soberanía, la degrada hasta volverla coartada. Lo patriótico no es esconder al señalado detrás de la bandera, sino exigir que nuestras instituciones investiguen en casa las acciones cuyas consecuencias Washington no quiere ver en la suya. Una visa se puede recuperar. La credibilidad de un país no.
