El 12 de agosto, desde Palacio Nacional, la Consejera Jurídica del Ejecutivo mostró en pantalla los nombres (o alias en redes sociales) de periodistas, comentaristas, políticos y ciudadanos. La frase que quedó flotando fue: "los tenemos ubicados". Cinco años antes, la misma persona que hoy, con su estruendoso silencio, avala esa lista dijo, indignada, en una breve entrevista: "¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo, ellos son los que hacían listas". La pregunta que se respondió a sí misma ese día de 2021 ahora tiene una respuesta más contundente.
No es un fenómeno nuevo ni exclusivamente mexicano. Todo régimen que necesita blindarse del escrutinio recurre, tarde o temprano, a la misma herramienta: catalogar a quien pregunta. La Alemania de Goebbels tuvo su "prensa mentirosa"; la Unión Soviética, su "enemigo del pueblo". Ambas etiquetas cumplían la misma función: sacar del debate a quien cuestionaba y convertirlo, de un plumazo, en traidor a la patria. El siglo XXI actualizó el ropaje, no el mecanismo. Rusia legisló su registro de "agentes extranjeros" para asfixiar financieramente a los medios críticos y en Cuba, Venezuela y Nicaragua la estigmatización oficial ha forzado al exilio a redacciones enteras. El denominador común no es la ideología del régimen en turno, sino la necesidad de blindar al poder de la pregunta incómoda.
Apenas cambia, entre un caso y otro, el barniz jurídico. Antes había fusilamientos sumarios, hoy hay auditorías fiscales, demandas civiles o etiquetas virales. El resultado, para el periodista, es el mismo: la autocensura que lo lleva al silencio forzado.
Luisa María Alcalde presentó tres listas en su programa "Derecho de Réplica" y, pomposamente, les llamó (en una entrevista posterior) “análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quiénes aparecen”. Alcalde estratificó el “ecosistema” en cuatro capas: medios y periodistas, políticos de oposición, cuentas de ataque anónimas e injerencia externa. Mezclar en un mismo diagrama a periodistas de investigación —Loret de Mola, Aristegui, De Mauleón— con legisladores opositores y supuestas granjas de bots no es un ejercicio de transparencia. Es una operación de equivalencia deliberada, donde preguntar se vuelve indistinguible de conspirar. La descalificación alcanzó incluso a organizaciones de escrutinio del ejercicio del gasto público como “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”, que “rebautizó” (en un intento de ser graciosa) como "Mexicanos a favor de la corrupción". La servidora pública cerró su exposición con una frase que resultó lapidaria: "los tenemos ubicados". La forma de presentar esta información —tribuna presidencial, respaldo del aparato del Estado, señalamiento nominal— es la que importa, no la forma como nos refiramos a ella.
La consecuencia no se hizo esperar. En las horas siguientes, “ARTICLE19 MX-CA” documentó una ola de mensajes de odio y amenazas coordinadas contra los señalados, bajo etiquetas como #PrensaVendida. No hace falta afirmar que el gobierno ordenó esa campaña para señalar que, evidentemente, el discurso oficial dejó el terreno abonado para que sucediera. Y ese terreno, en México, ya está saturado de sangre. 13 periodistas han sido asesinados desde octubre de 2024. Cuando el Estado, que debería ser garante de la seguridad de las personas, se convierte en quien la señala desde el podio, el daño no se queda en la esfera individual de quienes exhibe. El daño se extiende a toda una sociedad que pierde, con cada comunicador silenciado, una fuente más para vigilar a su propio gobierno. Y ese daño ocurre sobre una impunidad ya instalada, que funciona como permiso tácito para quien quiera ir más lejos que una etiqueta en redes.
Ese dato no es un accesorio retórico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en cuanto a que los más altos funcionarios del Estado tienen un "deber de especial cuidado" al hablar de la prensa, precisamente por el peso institucional de su palabra y por el contexto de violencia en el que esa palabra aterriza. Nosotros exigimos que sean, simplemente, congruentes —como la presidenta exigía en 2021.
Calificar, señalar o exhibir a una persona, sin sentencia firme en su contra, no es ejercicio legítimo de réplica. En los términos de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un mecanismo de censura indirecta —tan grave, según el tratado, como el cierre policial de una imprenta. El funcionario está obligado a ser garante de la seguridad de quien lo cuestiona, no su fiscal de tribuna. Esa es la línea que separa a un gobierno que tolera la crítica de uno que la administra.
La respuesta no es el silencio ni la resignación, sino exigir congruencia. Que la comunicación social del Estado se someta a los mismos criterios de proporcionalidad y contrapeso que exige a sus críticos, y que el "derecho de réplica" (que es para los ciudadanos y no para el gobierno) deje de ser un eufemismo.
