Hace cien años, el Estado mexicano decidió que sabía mejor que los ciudadanos en qué creer. La respuesta fue una guerra civil. Hoy, otro poder público insiste en decidir qué es información y qué es opinión. La historia no se repite, pero rima.
La historia de México revela que, cuando la administración pública transgrede los límites de la regulación administrativa pacífica para adentrarse en la fiscalización de la conciencia ciudadana —religiosa, ideológica, cívica o informativa—, el resultado invariable es la polarización extrema, la resistencia civil y, en los casos de ruptura del pacto social, el derramamiento de sangre. La dinámica de confrontación surge cuando el Estado, asumiendo un rol paternalista o autoritario, intenta imponer una única "verdad" oficial, desestimando la pluralidad intrínseca de la sociedad.
La Guerra Cristera (1926-1929) ilustra las consecuencias de un aparato estatal que intenta someter a la sociedad mediante la supresión de la libertad de creencia y expresión. A cien años de las leyes que detonaron ese conflicto, el debate sobre los límites de la intervención gubernamental ha mutado de escenario: ya no se libra en los púlpitos ni en los campos de batalla, sino en los medios de comunicación y los tribunales constitucionales.
En 1926, el detonante fue un incidente mediático: un reportero de El Universal, Ignacio Monroy, revivió y publicó declaraciones del arzobispo primado José Mora y del Río, quien afirmó que la jerarquía eclesiástica no reconocería los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución, por ser contrarios a la libertad religiosa. El presidente Plutarco Elías Calles, sin flexibilidad política, interpretó esto no como un debate sobre derechos humanos, sino como un desafío a la soberanía del Estado, y de inmediato deportó sacerdotes, cerró escuelas católicas y alentó a gobernadores radicales a aplicar la ley con extrema dureza. En Tabasco se obligó a los sacerdotes a casarse para poder ejercer; en Jalisco se limitó a uno por cada 5,000 o 6,000 habitantes.
Acorralado, el episcopado mexicano, con autorización del papa Pío XI, adoptó una medida sin precedentes: la suspensión total del culto público a partir del 1 de agosto de 1926. La resistencia cívica la encabezaron organizaciones laicas como la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas (LNDLR, 1925), con Anacleto González Flores —el "Maistro Cleto"— a la cabeza. Impulsaron un boicot económico y fundaron medios como La Palabra y Gladium para sostener la resistencia informativa. Efraín González Luna, colaborador de González Flores, comprendió que la batalla por las libertades debía librarse en las instituciones, no en la sierra.
Cien años después, el mecanismo cambió de forma, pero no de espíritu. En 2014, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorgó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la facultad de exigir que, en toda la programación de radio y televisión, "se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta". El Senado derogó esa obligación en 2017, pero la Suprema Corte la revivió en 2022 —no por examinar si vulnera la libertad de expresión, sino por vicios en el procedimiento legislativo de la derogación—. Sus defensores argumentan que protege al público de la desinformación; sus críticos, que ningún regulador puede trazar con precisión la frontera entre el dato y el juicio sin abrir la puerta a la censura.
Como en los años veinte, el legislador contemporáneo parte de una premisa elitista y paternalista: supone que ciertos emisores del discurso —ayer la disidencia religiosa, hoy los comentaristas críticos— manipulan a la ciudadanía, y el Estado se abroga el papel de "protector" de la verdad. La diferencia de grado es enorme —cárcel y fusilamientos frente a una regulación administrativa—, pero la lógica de fondo es la misma: la desconfianza del poder hacia una ciudadanía capaz de pensar por sí misma.
El análisis histórico convalida los argumentos críticos frente a la injerencia del Estado: cuando la administración gubernamental impone normativas coercitivas que contravienen los derechos humanos elementales —la libertad de conciencia, la libre asociación, el derecho a la expresión—, se fractura el pacto social. Calles no consiguió erradicar la fe de México; el silenciamiento de la prensa derivó en una movilización cívica.
La prosperidad, el avance democrático y la estabilidad de las naciones nunca han fraguado al amparo de la censura, la autocensura mediática o el tutelaje de la conciencia pública. La libertad para debatir, la autonomía editorial frente al regulador estatal, el derecho a estar equivocado y el derecho a someter a escrutinio a los detentadores del poder constituyen mecanismos insustituibles mediante los cuales los pueblos escapan de la tiranía.
Ni en 1926 ni en 2026 le corresponde al Estado certificar la verdad. Los pueblos no prosperan bajo tutela: prosperan cuando pueden equivocarse, discutir y señalar al poder. Esa, y no otra, es la libertad que costó ríos de sangre.
