A 24 años del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó a finales de 2025 su sentencia en el caso García Andrade y otros vs. México, responsabilizando al Estado mexicano por la violación de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal de la joven de 17 años, desaparecida y asesinada en Ciudad Juárez en 2001. La resolución llega tras más de dos décadas de impunidad y de la lucha constante de su madre, Norma Andrade, quien además fue víctima de ataques y atentados durante su exigencia de justicia.
El fallo no sólo aborda la responsabilidad del Estado en el feminicidio, sino que introduce criterios relevantes en materia de derechos humanos. La Corte reconoció que la violencia sexual sufrida por Lilia Alejandra antes de su muerte constituyó tortura, elevando la gravedad jurídica de los hechos. Asimismo, condenó la violencia institucional y la revictimización contra Norma Andrade, al señalar que el Estado falló al proteger a las familias que defienden derechos humanos. Por primera vez, también se puso énfasis en el impacto del feminicidio en la niñez, particularmente en Jade y Kaleb, hijos de la víctima, estableciendo la obligación de crear políticas públicas específicas para la atención de huérfanos por feminicidio.
Otro de los puntos centrales de la sentencia es la exigencia de fortalecer y armonizar el Protocolo Alba en todo el país, al considerar que las omisiones durante las primeras 72 horas tras la desaparición de Lilia Alejandra fueron determinantes. La Corte subrayó que la actuación inmediata es clave para prevenir desenlaces fatales, por lo que México deberá garantizar su aplicación efectiva, coordinada y con perspectiva de género en todas las entidades federativas.
La resolución representa un llamado urgente a los gobiernos estatales para cumplir de manera integral con las medidas ordenadas. En particular, el Estado de México —la entidad más poblada del país y una de las que concentra mayores cifras de violencia contra las mujeres— enfrenta el reto de atender de manera prioritaria esta sentencia. La magnitud de su territorio y población exige políticas sólidas, presupuestos suficientes y mecanismos eficaces de búsqueda inmediata, protección a víctimas indirectas y prevención del feminicidio.
