No son pocos los que ya hablan de un probable fraude electoral para robarle el triunfo en las urnas a López Obrador.
Si bien la historia inmediata de las elecciones presidenciales en México nos da dos magníficos ejemplos de cómo desde el poder en turno se fraguó defraudar la voluntad ciudadana, en 1988 y en 2006 (en el 88 fue a ojos vistos), el escenario se mira complicado para la elección venidera, dada la emergente participación ciudadana.
No podemos echar en tierra que, por un lado, al interior de los partidos competidores se prepara un ejército electoral encauzado a la defensa del voto, desde la apertura de casillas a las 8 de la mañana del próximo primero de julio, hasta la entrega de los paquetes a las juntas distritales. Incluso, la dinámica incluye tomar fotos de las sábanas con los resultados que se exhiben en cada casilla, para que no desaparezcan votos en el camino.
Aunado a ello, cada vez son más los ciudadanos que darán seguimiento al proceso electoral; tan solo hay que revisar el número televidentes y cibernautas que tuvo el primer debate presidencial. Cifras de Nielsen Ibope indicaron que más de 13 millones de personas vieron al menos un minuto del debate por televisión y 6.5 millones por redes sociales.
En distintos universos sociales se expresa ya el deseo de participar como observadores electorales; sin paga, sin militancia partidista.
Sin duda, las instituciones electorales, así como el uso de la tecnología en boletas y en las credenciales para votar, son mecanismos útiles para ahuyentar el fraude, aunque no suficientes. Sólo un factor podría impedir el robo del triunfo: que todos vayamos a votar, el voto masivo, el voto ciudadano y no clientelar.
Se pueden maquillar cifras en cienes y, quizá, miles de votos, pero no de millones. En la medida que los mexicanos participen, haremos de la jornada electoral una verdadera fiesta de la democracia en la que ganen los ciudadanos y no los partidos. Esa es la clave.
Cualquier intento de revivir el “fantasma” del fraude pareciera vaticinar una derrota y, al tiempo, una guerra pos electoral que acabará de minar la ya de por sí desgastada credibilidad de las instituciones.
México se merece un gobierno legitimado en las urnas, de cuyo ascenso al poder no haya duda. Ojalá esta vez hagamos la diferencia.
