La nueva Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México, recientemente aprobada por el Congreso local da una amplia explicación de lo que será la migración a las cuentas individualizadas, del problema financiero que enfrenta el ISSEMyM, de lo “extraordinario” que sería que los trabajadores del Estado migraran, o de lo malo que sería si deciden quedarse en el antiguo sistema de pensiones.
Lo que no dicen, ni explica, es que desde hace muchos años los ayuntamientos decidieron no pagar las cuotas al instituto y las deudas con éste eran multimillonarias. Pero nadie los obligaba, a pesar de que ya se habían descontado a los servidores públicos. Tuvieron que pasar muchos años para que, por ley, se cumpliera con la disposición y aquellos ayuntamientos que no cumplen se les descuenta de sus participaciones.
En 2002, el gobernador Arturo Montiel Rojas, modificó la ley con el criterio de ya no habría dinero para sostener el Fondo de Prensiones y durante su gobierno dispuso de los recursos para refinanciar al gobierno del estado.
El 2012, siendo gobernador Eruviel Ávila Villegas, hubo un incremento a las cuotas de casi 50 por ciento y la edad de jubilación pasó de 57 a 65 años. Pese a las protestas de maestros y servidores públicos fue aprobada por el Congreso local.
A los pensionados y pensionistas se les elevó el pago de 4.5 a 6.5 por ciento (La Suprema Corte de justicia dijo que era inconstitucional y pese a ello se sigue cobrando ese porcentaje, cuando no deberían pagar nada por las portaciones que hicieorn en su vida laboral).
Todo hace suponer que esta ley es el instrumento que se está utilizando para tapar el problema del fondo de pensiones, pero deja también una clara muestra de ineficacia en su manejo.
Con la “Ley ISSEMyM”, propuesta por el Ejecutivo del Estado de México y aprobada por la Legislatura, que ha causado nuevamente reacciones en contra por parte de servidores públicos y maestros, la migración hacia las cuentas individualizadas se deja a elección del servidor público; sin embargo, en la exposición de motivos hay una advertencia de que para el próximo año habrá problemas financieros serios: “A partir de 2019, el ISSEMyM ya requerirá un monto importante de recursos para otorgar los beneficios y servicios que establece la ley a su población amparada”.
Ello representaría, si no hay viabilidad financiera, se aplica el artículo 156 de la ley que a la letra dice “En caso de existir déficit o insuficiencia de reservas, se cubrirá mediante cuotas y aportaciones extraordinarias a cargo de los servidores públicos y las instituciones públicas, las cuales se determinarán por el Consejo Directivo, tomando en cuenta los criterios de proporcionalidad”.
No se necesita ser docto en la materia para entender que esto representa que habría libertad en el incremento de las cuotas (para los que se queden con el viejo esquema) en detrimento de sus ingresos. De tal manera que la amenaza está en el cuerpo de esta ley: o migras a una cuenta individual (de la que seguramente se habrá de pagar el manejo a la institución financiera) o no habrá posibilidades de pagarte tu pensión cuando deba ocurrir. O va a disminuir la calidad de los servicios médicos… y más.
La ley considera el copago… que no aplica en promoción a la salud y medicina preventiva, seguro de riesgos del trabajo; seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; seguro de invalidez y vida; seguro por fallecimiento; préstamos personales e hipotecarios.
Ello implica que de acuerdo a las cuotas se darán los servicios médicos. Si lo que doy no es suficiente para una cirugía, entonces tendré que pagar la diferencia. Con ello, prefiero pagar un seguro médico, a recibir un mal servicio, como actualmente lo otorga el ISSEMyM.
Y hay mucho más…
