Toluca/Estado de México
Las Comisiones Unidas de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y de Legislación y Administración Municipal de la 60 Legislatura aprobaron, por unanimidad, citar a comparecer al presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Gerardo Becker Ania, el martes 13 de noviembre, para que rinda un informe pormenorizado de los laudos laborales, municipio por municipio, detallando las cantidades.
Esto, como parte del análisis de la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal de la entidad propuesta por el Grupo Parlamentario del PT, la cual está orientada a resolver la contradicción de las reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos y de Ley Orgánica Municipal, ambas de la entidad, publicadas el 29 de septiembre de este año, las cuales establecen que los nuevos ayuntamientos deben pagar laudos laborales debido al incumplimiento de gobiernos anteriores.
Durante la reunión, Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT), presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, expuso que la iniciativa de su bancada tiene también el propósito de exhortar al titular del Poder Ejecutivo a crear una partida especial para el ejercicio fiscal de 2019 que apoye el cumplimiento de los laudos laborales de los ayuntamientos mexiquenses.
“Los gobiernos municipales, mayoritariamente emanados de la coalición Juntos Haremos Historia, tendrán que pagar montos millonarios por laudos laborales de los que no fueron responsables”, señaló.
Afirmó que están de acuerdo en que los laudos deben ser pagados por los ayuntamientos pero se manifestó en contra de la pretensión de trasladar a la mayoría de los nuevos gobiernos el incumplimiento de sus antecesores en el pago de las deudas.
Por ello, propuso citar al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para analizar la situación jurídica de cada municipio, ya que es un asunto que debe ser incluido en el presupuesto del próximo año y se debe definir de dónde se obtendrán los recursos para sanar las deudas.
La diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), presidenta de las Comisiones Unidas, se expresó a favor de la iniciativa y apoyó la realización de una mesa de trabajo con el presidente del tribunal para que dé a conocer la situación jurídica en la que se encuentra el tema laboral y específicamente los laudos, por municipio, que de manera general se estima en siete mil millones de pesos, de acuerdo con datos brindados por la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, durante su comparecencia ante los diputados el mes pasado.
La legisladora Elba Aldana Duarte (Morena) lamentó que la situación se haya analizado en la 59 Legislatura con alevosía y ventaja y pidió que el presidente del Tribunal explique los montos de los laudos y acciones para salvaguardar los derechos de los funcionarios entrantes, durante el desarrollo de la investigación.
También de Morena, la legisladora María del Rosario Elizalde Vázquez dijo que debe realizarse un análisis profundo de esta iniciativa, solicitó conocer el monto de los laudos y promover iniciativas para que los funcionarios que tomen recursos del erario sean castigados devolviendo lo sustraído.
La diputada María de Lourdes Garay Casillas (PES) y el legislador Benigno Martínez García (morena) pidieron que se les notifique oportunamente de los temas a analizar en las reuniones de trabajo y se sumaron al sentido de la iniciativa, de citar al titular del tribunal y de respaldar a las autoridades que iniciarán funciones el próximo mes de enero de 2019.
La legisladora María Elizabeth Millán García (morena) urgió a analizar esta iniciativa y respaldar a los ayuntamientos que están por iniciar funciones, mientras que la legisladora Mónica Angélica Álvarez Nemer, también de morena, pidió conocer estadísticas y la situación actual de los laudos, establecer candados para que esta situación no se repita y dar continuidad a procesos transparentes y sin corrupción, independientemente de los partidos que gobiernen.
Al considerar que por tratarse de recursos públicos la iniciativa debe analizarse de manera profunda, el diputado Margarito González Morales (morena) respaldó la propuesta y propuso que se abrogue la reforma publicada en septiembre pasado.
En la reunión también estuvieron los diputados Emiliano Aguirre Cruz y Nancy Nápoles Pacheco, de morena; y Juan Carlos Soto Ibarra, del PES.
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