Toluca/Estado de México
En tan solo seis años, el número de desaparecidos en el Estado de México ha incrementado en 645% al pasar de 911 desapariciones en el 2012 a 5 mil 040 hasta el año pasado, se dio a conocer durante la mesa de trabajo con colectivos de familiares de personas desaparecidas, donde se analizó la iniciativa para crear la ley en materia de desaparición.
En este evento organizado por la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Alerta de Género, Karina Labastida, del grupo parlamentario de Morena, se dio a conocer solamente dos estados en el país cuentan con esta ley, aunque 13 han legislado en la materia, de ahí que con la posible aprobación de ésta iniciativa, la entidad podría ser la tercera.
Al inaugurarse los trabajos de ésta mesa, la legisladora de Morena indicó que de poca o de nula utilidad va a servir tener el mejor marco legal si las dependencias que deben apegarse al mismo no ejecutan con eficiencia y suficiencia las acciones que de él se desprenden.
“El año pasado, a pesar de la gravedad del fenómeno, en el Estado de México no se había legislado en el tema y hasta ahora se están dando los primeros pasos, y también porque los recursos canalizados a la búsqueda de personas desaparecidas fueron casi simbólicos en relación con la dimensión del problema”.
Subrayó que según el convenio entre el gobierno estatal y las autoridades del federal anterior, tan solo para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio Fiscal 2018, (FASP), para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas se etiquetaron solo 261 mil 120 pesos, con todo y que fue considerado un tema de prioridad nacional.
Además, al subprograma denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres, se canalizaron 643 mil 835 pesos para dotar de mobiliario y equipos de cómputo a los centros de justicia para mujeres en Toluca, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Amecameca, “no obstante tras recorridos encontramos carencias y deficiencias, sobre todo en la zona de Amecameca”.
Dijo que de un presupuesto de más de 15 millones de pesos del FASP en el 2018, al tema de las desapariciones de personas se canalizó si acaso el 1.5%; y para el acceso de las mujeres a la justicia, incluidos homicidios dolosos y feminicidios, donde la entidad registra liderazgos nada edificantes, se destinó tan sólo el 4 por ciento.
En tanto que para este año y de acuerdo con el convenio para el ejercicio fiscal respecto del FASP, se acordaron 497 millones 135 mil 552 pesos por parte del gobierno federal y 124 millones 283 mil 888 por parte del gobierno estatal, es decir, son 621 millones 416 mil 440 pesos.
Refirió que el gobierno federal ya anunció que se tienen más de 400 millones para las acciones de búsqueda de personas en el país, y que más de 200 millones serán distribuidos en las entidades, por lo que habrá que esperar a ver cuánto le toca a la entidad.
Alejandro Corona Moguel, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, indicó que se deben reforzar los artículos que están en la ley general, además de que pidió a los diputados, crear una ley de declaración especial de inocencia y destacó la importancia de proteger los bienes de los desaparecidos.
Rodrigo Espeleta, secretario de justicia y derechos humanos del Estado de México, destacó el papel de la Legislatura en la conformación de esta ley e hizo referencia a la importancia de que se haga una adecuada asignación de recursos.
Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pidió más certeza y menos discursos, además de destacar la visitaduría en materia de atención a trata de personas y desaparición forzada.
