Toluca/Estado de México
En el Estado de México el rezago educativo en la población de 15 años o más que no concluyó la educación básica obligatoria es de 29.6% y en promedio 8 de cada 10 niñas y niños de 6° de primaria no alcanzan los logros esperados en las áreas de lenguaje y comunicación.
Ante esta situación los legisladores mexiquenses de morena propusieron que la educación superior en la entidad sea obligatoria y que corresponda al Estado su observancia.
De aprobarse, en conjunto con las autoridades federales, el gobierno de la entidad deberá establecer políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad de quienes estudien este nivel.
Esta propuesta busca reformar y adicionar al artículo 5º de la Constitución Política estatal el objetivo 4 de la Agenda 2030, la cual establece “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
También armonizar este tema con las recientes reformas en la materia a la Constitución Política federal y con lo que al respecto dispone el Pilar Social del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, el cual mandata garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.
Con ello, todo los programas educativos que implemente el Ejecutivo tendrán como base estudios diagnósticos de la realidad que pretenden impactar y serán objeto de evaluación de forma permanente, cuyos resultados, además de ser públicos, determinarán su eficiencia, pertinencia y, por lo tanto, su continuidad operativa y presupuestal.
Es así que la Universidad Autónoma del Estado de México deberá poner especial atención en el cumplimiento de la función social del servicio que ofrece a la población de la entidad, función social originaria, caracterizada por el compromiso social y la producción del conocimiento, mientras que, en apoyo a la educación a lo largo de toda la existencia de las personas, “el Estado creará la Universidad de la vida”.
Otras acciones dispondrán que todo el personal docente que labore en el Sistema Educativo Estatal sea reconocido salarialmente “con base en un catálogo homologado con la Federación, y siempre actualizado, de plazas y funciones efectivamente desempeñadas. No se obligará a ningún docente a realizar actividades ajenas a su labor pedagógica, incluidas las actividades políticas a favor de algún partido”.
