Bernardo Barranco V*
El número de irregularidades que se sucedieron en la elección de 2017 en el estado de México fueron excesivas y poco refinadas. El partido en el gobierno no escatimó recursos ni trastadas. Con alevosía utilizó las estructuras electorales que se mostraron omisas ante irregularidades y violaciones a la ley. Dicho desenfreno institucional coloca, sin duda, el preámbulo del probable desastre que se avecina con las elecciones del 2018.
La elección para gobernador en el Estado de México alcanzó niveles épicos equivalentes a una elección presidencial. Si bien el PRI llegaba mermado después de las derrotas de 2016, un gris desempeño del gobernador Eruviel Ávila, no estaba dispuesto a perder el bastión más importante del país. A pesar la gestión presidencial cuya imagen y aceptación se han deteriorado el priismo mexiquense se alistó con todo para mantenerse en el poder. El bastión mexiquense es estratégico no solo como refugio político electoral sino por los inmensos negocios que detenta el grupo en el poder. Y las elecciones de 2017 no solo estaba en juego la supervivencia del grupo Atlacomulco sino sus cuantiososintereses lucrativos.
Conviene recordar que el Edomex representa casi 14% de la lista nominal del país, la de mayor peso electoral. Por tanto, las repercusiones inmediatas en la clase política y reacomodos de cara a las elecciones de 2018, el territorio mexiquense se presentó determinante. La consigna era clara: imposible perder y a cualquier costo ganar.
Los medios comunicación se volcaron en el Estado de México para seguir paso a paso las incidencias del proceso como nunca en la historia de la entidad. Pudieron corroborar los excesos de los gobiernos federal y estatal en los comicios mexiquenses que fecundaron la inequidad. Las amplias coberturas mediáticas demostraron a escala nacional las prácticas fraudulentas de los gobiernos que se remontan maniobras del viejo priismo autoritario del siglo pasado. De costa a costa, se pusieron en evidencia la parcialidad institucional, omisión y falta autonomía de las autoridades electorales. Los comicios mexiquenses mostraron claros signos regresivos. Mucho dinero, politización de programas sociales, violencia electoral, intimidaciones policiacas, intervención desmedida de autoridades públicas, pasividad de estructuras electorales en la compra y coacción del voto.
La elección en el Estado de México muestra regresión emblemática e impunidad que perfila el proceso electoral de 2018, el cual se antoja nebuloso y complejo. La elección mexiquense de 2017 han sido un antecedente de la intención del gobierno de Peña Nieto de que va con todo para el 18. En el Estado de México se reciclaron viejas argucias y prácticas amañadas que seguramente se utilizarán en la crucial elección presidencial que se avecina.
Actitud política peligrosa, sobre todo cuando los resultados tienden a ser ajustados y por lo tanto reñidos. Algunos analistas veteranos dirán que todo esto ya está visto desde hace treinta años, un dejá vu. Entonces, ¿México no ha avanzado en sus procesos electorales? o ¿tenemos claros signos de regresión a viejas prácticas electorales? El que escribe tiene 18 años acompañando los procesos electorales del estado de México, sea como observador ciudadano o consejero tanto del IEEM como de la Junta Local del INE en la entidad. Los apuntes que siguen son las señales que apuntan las preguntas sobre regresión y atascamiento electoral.
¿Qué es una elección de Estado?
Es una expresión que a fuerza de repetirse pierde contenidos, se ha desgastado, incluso puede quedarse corta. En la entidad estamos hablando de la transformación o transfiguración del aparato de gobierno en aparato electoral. En la conversión del gobierno en una poderosa maquinaria electoral perfectamente organizada, con mucho dinero, recursos e infraestructura logística de empleados, vehículos y equipos. Utilización de programas sociales en la compra y coacción del voto en las zonas de mayor pobreza. Frente a un esquema de intervención gubernamental tan apabullante no hay equidad posible.
El voto de las casillas no urbanas
Si bien la participación ciudadana se incrementó, en más de 5%, ésta se dio más en zonas rurales y pobres que en las urbanas. En las casillas urbanas se mantuvo el promedio histórico de abstención y solo votó 51.9% de los ciudadanos del Estado de México. Mientras, en las no urbanas, el voto se incrementó 59.5%. Así, municipios como Sultepec, votó 69% de la lista nominal; Tlatlaya, 67%; Luvianos, 65%. En contraste, en los municipios urbanos la participación fue pobre, por ejemplo en Naucalpan y Tlalnepantla solo votó 47 % y en Ecatepec 49%.
El voto de la pobreza
Bajo el pretexto de las necesidades de los pobres, los programas sociales no pararon. El Congreso local definió 65 programas sociales que supuestamente no tendrían incidencias electorales. La operación del gobierno federal y del gobierno estatal fue intensa en la entrega de recursos públicos y la aplicación de programas sociales. Las más de 150 visitas de los secretarios de estado federales, las más de 500 visitas de subsecretarios y de directores generales que estuvieron operando directamente programas sociales en zonas pobres de la entidad. Es evidente que tuvieron influencia en la orientación del voto en todo el sur del Estado. De los 141 mil beneficiarios de los programas sociales, 9 mil fungieron como representantes de casillas. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE indicó que la mayoría de los beneficiaros, es decir 70%, actuaron para los partidos que fueron por Alfredo del Mazo: PRI 3 mil 800, Encuentro Social 680, Nueva Alianza 900 y Verde Ecologista 950.
Actuación sesgada del IEEM
Hay una falla de origen en la conformación de todos los órganos electorales que consiste en cada uno de los consejeros son parte de una cuota de partidos. En el Caso del IEEM, la mayor parte de los consejeros y de la propia estructura operativa son posiciones leales al PRI. Enumeramos alguno de sus desaciertos durante el proceso electoral 2017:
1) Mucho dinero. Con 70% menos de responsabilidades para pedir un altísimo presupuesto de 2 mil 350 millones de pesos.
2) El Consejo aprobó topes de gastos de campaña millonarios, acto anticonstitucional, pues el Congreso no acató la fórmula de la Reforma de 2014; el tope se disparó a 285 millones de pesos.
3) Contra el mandato, el IEEM no realizó una estrategia de participación ciudadana. A tres semanas de la elección, 70% de los ciudadanos no sabían con precisión el día exacto de la jornada electoral.
4) Hubo un dudoso registro de candidatos independientes. El IEEM exhibió falta de exhaustividad y certeza en el cotejo de las firmas en las cédulas de respaldo. Hubo serias inconsistencias, miles de dichas cédulas fueron llenadas con la misma tinta y con la misma mano. El Tribunal Electoral local rechazó el acuerdo y solicitó reponer el proceso con rigurosidad. Hubo trampa, tan solo a Isidro Pastor le rebotaron 40 mil firmas de ciudadanos que ya no existían. El episodio costó 25 millones de pesos, porque hubo que hacer una nueva impresión de más de 11 millones de boletas sin el nombre de Isidro Pastor.
5) Sospechoso PREP a la antigüita. El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es un instrumento para dar a conocer, de manera preliminar, los resultados de las elecciones; ofrece resultados no definitivos ni concluyentes; sin embargo, proporciona información oportuna sobre el sentido del voto y contribuye a estabilizar las expectativas de los actores políticos, los medios y los ciudadanos. Resulta difícil entender la cerrazón del IEEM para operar el PREP Casilla que incorpora los adelantos tecnológicos más avanzados para dar información certera casi en tiempo real. Mediante teléfonos inteligentes y un programa, al tomar una foto al acta de escrutinio de manera automática se carga a la gran base de datos dando resultados inmediatos. No entendemos la resistencia para utilizar innovaciones. En la elección de 2015 a las tres de la mañana el PREP registraba solo 40 por ciento de las casillas.
Actuación deficiente del INE
El Consejo General del INE fue omiso y laxo ante la invasión de funcionarios en zonas de miserias económica y se mostró indolente ante los programas sociales que tenían claros sesgos partidarios. Deberá explicar por qué canceló a última hora el piloto PREP Casilla que habría disipado muchas dudas que el proceso arrojó sobre el PREP del IEEM. Tendrán que justificar por qué falló su programa de acreditación de representantes políticos en las casillas que provocó desajustes y malestar en la organización de la jornada electoral. Deberán responder por qué también fueron laxos. El mismo consejero general Ciro Murayama reclamó que antes de denunciar un fraude electoral habría que probarlo y que le parecía descabellado señalar a los Oples de Coahuila y Estado de México. Ahora está en la obligación de probar lo contrario. Que el IEEM actuó manera impecable en los cómputos, el PREP y el conteo rápido, que éstos estuvieron apegados estrictamente a la norma electoral. Deberá validar por qué no se abrieron los más de 5 mil paquetes electorales que inicialmente la autoridad cantó y que finalmente se ajustaron a menos de 3 mil.
Terrorismo electoral
Conforme se acercaba la jornada electoral y las encuestas mostraban un empate técnico, las estrategias por parte del gobierno y del PRI se endurecían al grado de recurrir a métodos empleados por los cárteles del crimen organizado. Al acercarse el día de la votación hubo acciones de intimidación graves. En algunos lugares, donde se instarían algunas casillas, se tiraron cabezas de cerdo; en otras casillas hubo carteles grandes, con logos del IEEM falseados, donde recomendaban medidas de seguridad en caso de presentarse una balacera. Policías municipales, en aparatosas camionetas, repartieron citatorios falsos de la FEPADE a ciudadanos funcionarios de casilla y representantes de partidos. El hecho ameritó un desmentido del titular Santiago Nieto quien twitteó: “son falsos los citatorios que se están distribuyendo a representantes de partido firmados a mi nombre. Denuncien”. Llamadas con amenazas en la madrugada del 4 de junio a representantes y funcionarios de casilla. El terrorismo electoral consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno o un partido para inducir sembrar terror e inhibir o condicionar el voto entre la ciudadanía a fin de alcanzar sus objetivos. Todos estos hechos inhibieron la participación de ciudadanos funcionarios de casillas. Un ejemplo, 20.47% de las casillas, es decir 3 mil 808, tuvieron al menos un funcionario tomado de la fila. Estamos hablando que cerca de 5 mil 386 funcionarios fueron tomados de la fila, lo que equivale a 7. 23% de total de los funcionarios de casillas.
Dudas e incierto futuro del 18
En las últimas elecciones mexiquenses se han recrudecido las prácticas abruptas. No hubo una causal, sino un conjunto que decantaron un resultado cuestionable. Que ni siquiera los tribunales podrán dilucidar. Pésimo preámbulo para las elecciones de 2018. La consigna de ganar a toda costa y ganar no importa con qué ni cómo, pone en peligro la línea de estabilidad social y la legitimidad de toda la democracia electoral. Los casos de Coahuila y Estado de México nos han mostrado las miserias políticas y las complicidades del posicionado en el poder sin importar el signo del partido.
La imagen y credibilidad, tanto del IEEM como del INE, han sufrido un serio deterioro en este proceso. Ambos han sido rebasados, principalmente el IEEM, exhibido por la subordinación al poder. Para el ciudadano común es difícil hacer la distinción entre las instituciones electorales. El desprestigio de uno afecta al otro. Por ello, Lorenzo Córdova, en entrevista con Ezra Shabot, decía que si le iba bien a los OPLES le va mejor al INE. No es el caso en el Estado de México, porque abundan sospechas de imparcialidad de los consejeros electorales. El proceso mexiquense como el de Coahuila han erosionado aún más la credibilidad del INE que, cara al 18, llega muy mermado.
*Bernardo Barranco Villafán. Economista (UNAM), Sociólogo especializado en religiones (EHESS de París). Desde 1999-2003 consejero del IFE en la junta local en el Estado de México. En 2005 a 2009 consejero general del IEEM. Y de 2012 a la fecha, consejero del INE de la Junta Local en el Estado de México.
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