A la jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, se le “quemaban las habas” por presentar “lo antes posible” la tan ansiada, inoportuna e innecesaria reforma electoral, instruida desde “La Chingada”, rancho del escondidito Andrés Manuel López Obrador, ubicado en Palenque, Chiapas, para concretar su tan anhelada dictadura y darle fin a nuestra incipiente democracia que más de tres décadas nos costó construir a todos los mexicanos.
Esta reforma electoral impuesta por Morena y la autollamada cuarta transformación también es unilateral, a pesar de que la presidenta Sheinbaum declarara el pasado 25 de febrero: “No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único, queremos que se reconozca la diversidad política del país”.
La inquilina de Palacio insistió en que la reforma electoral “que preparó” no pretende regresar a un régimen de partido único, pero la realidad es que dice exactamente lo opuesto.
No podemos olvidar que las reformas anteriores permitieron la democratización de nuestro país en la década de los 90 y se negociaron con los partidos de oposición. En esta reforma, Pablo Gómez Álvarez, encargado de redactarla, no llevó a cabo ninguna reunión con legisladores ni con líderes de sus aliados, PT y PVEM, ni de ningún otro instituto político de oposición, ni con sus respectivos militantes; tampoco con líderes sociales ni mucho menos con las cúpulas empresariales, ni con cualquier otro organismo, ni con organizaciones ni asociaciones civiles ni con ciudadanos de a pie, para nutrir, mejorar, democratizar y consensuar dicha reforma.
La reforma de 1996 que se concretó fue la más importante, ya que en ella se permitió la alternancia de partidos en el poder. Fue signada por los presidentes del PRI, PAN y PRD, Santiago Oñate Laborde, Felipe Calderón Hinojosa y Porfirio Muñoz Ledo, respectivamente, mientras que por el gobierno en turno fue Emilio Chuayffet Chemor.
Es preciso mencionar que el 2 de agosto de 1996 Andrés Manuel López Obrador fue designado presidente del partido del Sol Azteca y validó la reforma electoral, publicada el 22 de ese mismo mes.
Esa reforma fue consensuada y discutida por las fuerzas y líderes partidistas, no una imposición como la que harán los morenistas y que hoy llegará al Congreso de la Unión, y en la que hasta hoy el partido en el poder va solo, ya que ni el Partido del Trabajo ni el Partido Verde Ecologista de México están de acuerdo.
Morena necesita de la mayoría calificada —334 votos— de los tres partidos Morena, PT y PVEM, para que sea aprobada, pero los dos rémora, hasta hoy, han dicho que no la signarán porque no es solamente darse un balazo en el pie, sino suicidarse políticamente, y la jefa del Ejecutivo les dio de plazo hasta hoy lunes para que se sumen y estén de acuerdo en darle el visto bueno.
Seguramente, de no hacerlo, ya vendrán los amagos, los chantajes de sacarles sus “trapitos al sol” a ambos partidos o a sus líderes por parte de los guindas. Se les olvida a los morenistas que ellos también tienen una “colota” que les pisen y seguramente vendrá el “estira y afloja”.
No olvidemos que al tabasqueño no le bastaron seis años de un gobierno fallido, en el que falló rotundamente en todos los sentidos y aspectos, ya que llevó las riendas de la nación “a su entender” y con su autoritarismo que dio al traste con el buen manejo de todas las instituciones y cooptó a los Poderes Legislativo y Judicial, arrasando con la separación de poderes.
De igual manera, fue destruyendo a las instituciones autónomas con sus respectivos presupuestos; al sistema de salud en su totalidad, dejándolo sin millones de medicamentos que hasta hoy siguen escaseando; sin la debida atención hospitalaria a los derechohabientes, miles de los cuales fallecieron en la pandemia de Covid-19; de igual manera, sin quirófanos equipados, lo que dio al traste con el Seguro Popular, que funcionaba, y dejó sin este a más de 40 millones de ciudadanos.
Tampoco podemos dejar de lado la inseguridad que sigue permeando en todo nuestro vapuleado país, “gracias” a su “estrategia de abrazos, no balazos”, que permitió a todos los grupos delictivos que integran el crimen organizado, en todas sus modalidades, seguir sentando sus reales en toda la República mexicana y avasallar a colonias y pueblos completos, forzando a sus habitantes a abandonar sus hogares, pueblos y rancherías debido al pánico y terrorismo creados y ocasionados.
De igual manera, al tabasqueño no le bastaron el millón de ciudadanos muertos por el Covid-19 ni los 10 mil niños con cáncer por la falta de medicamentos; tampoco le importaron los 200 mil ciudadanos caídos a manos del crimen organizado ni las más de 50 mil personas desaparecidas, pese a la estrategia nacional de búsqueda, porque persiste la preocupación por la opacidad del proceso, además de surgir nueva información todos los días sobre las irregularidades en la realización del censo en la gestión de Sheinbaum Pardo.
Es preciso señalar que los más de 50 mil desaparecidos en el régimen de AMLO fueron reportados por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Asimismo, el paupérrimo crecimiento económico que tuvimos durante su gestión fue del 0.8 por ciento, el más bajo en los últimos 40 años, a pesar de haber prometido durante sus eternos discursos el 5% anual.
No satisfecho con ello, durante las tres legislaturas de su sexenio, LXIV, LXV y la LXVI (vigente), envió decenas de iniciativas que fueron aprobadas sin quitarle coma alguna a ninguna de ellas, teniendo de hinojos a los tres grupos parlamentarios integrados por la tríada infernal de Morena-PT-PVEM denominada “Juntos Hacemos Historia”… de terror.
No podemos dejar de lado las fracasadas obras magnas repletas de corrupción, pues los presupuestos iniciales del AIFA, la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, de 75 mil, 16 mil y 150 mil millones de pesos, fueron rebasados con más de 700 mil millones de pesos en total y aún les siguen inyectando recursos año tras año.
Claro está que la lista de corrupción y yerros es extensa, como la de Segalmex —15 mil millones de pesos— y su Estafa Maestra en la historia de cualquier gobierno que lo antecedió; el huachicol fiscal, que nada más lo contabilizado hasta nuestros días asciende a la friolera suma de ¡600 mil millones de pesos!, más lo que se acumule, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum ya no quiere publicar más cifras, a pesar de que se siguen descubriendo día a día en distintos municipios de nuestro país.
De esta manera, López Obrador, bajo su autoritarismo, sometió a las tres legislaturas, quebrantando la separación de poderes que duró casi 200 años de República.
Lamentablemente, los diputados federales de los tres grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM serán juzgados por la historia y por los mismos mexicanos por haberle servido al presidente en turno y no a los millones de ciudadanos que votaron por ellos, brindándoles su confianza.
Por eso, cuando la inquilina de Palacio Nacional afirma todos los días que “la reforma electoral va porque es lo que el pueblo desea y por ello lo obedecen”, es una afirmación nada realista y sin sentido.
Pero la insaciable ambición de López Obrador (que no ha terminado) lo llevó también a cooptar al Poder Judicial a través del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, con quien “transó” y juntos tomaron decisiones de distintos juicios en turno a espaldas de la ciudadanía, como lo declarara el propio AMLO.
Fue precisamente el 21 de febrero de 2024 cuando López Obrador reconoció en una mañanera que, cuando el otrora traidor al Poder Judicial, Arturo Zaldívar, fue presidente de la Suprema Corte, el gobierno intervino en asuntos como el de Emilio Lozoya Austin, quien un día antes había salido de prisión.
El tabasqueño reconoció cínicamente haberse entrometido e intervenido —sobre todo— cuando algunos jueces relacionados con casos de la delincuencia organizada “con mucho poder, donde protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado”, se acercaban a Arturo Zaldívar para intervenir en las resoluciones.
“Cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez” y le decía “cuidado con esto”.
Los límites excedidos y la falta de respeto a la separación de poderes del tabasqueño fueron la constante durante los seis años de su gobierno fallido.
LA PERVERSA REFORMA ELECTORAL
Dada la inseguridad social que vivimos los más de 130 millones de mexicanos desde hace siete años y cinco meses, desde que gobierna Morena y la autollamada cuarta transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en “echarle más sal a la herida” al enviar hoy la nueva perversa reforma electoral que, de aprobarse con la mayoría calificada el 30 de abril próximo (fecha límite), con los votos de la tríada infernal (Morena-PT-PVEM), así como AMLO y Sheinbaum, pretenden consumar su dictadura, a pesar de insistir en negarlo sin fundamentos.
Y cheque los motivos, apreciable lector, por los que insistimos en que, de aprobarla, le diríamos adiós a nuestra incipiente democracia.
Esta iniciativa fue ocurrencia del ambicioso López Obrador, quien pretende con su Movimiento de Regeneración Nacional perpetuarse mínimo 50 años en el poder; los motivos que tenemos tienen suficiente soporte.
La separación y los tres Poderes de la Unión ya no existen, cooptados y sometidos el Legislativo y Judicial; su tramposa y dirigida elección judicial del pasado 1° de junio, en la que votaron únicamente 13 millones de mexicanos con acordeones, inducidos por Morena y la 4T, de los cuales tres millones de sufragios fueron anulados, es decir, el 25 por ciento, por lo que se debió anular.
Pablo Gómez solamente realizó 63 raquíticas audiencias públicas en toda la República, de las cuales 24 fueron en la Ciudad de México y una migrante.
Recibió 1,357 paupérrimas propuestas y participaron 181 expertos electorales en un espectro de más de 100 millones de ciudadanos en edad de sufragar, lo que hace que la reforma sea paupérrima en su contenido, ya que fue redactada por puros morenistas encabezados por Pablo Gómez, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de la Presidencia y sustituida por Esthela Damián; Arturo Zaldívar; Jesús Ramírez y José Merino; ninguno de ellos, salvo Pablo Gómez, son neófitos en asuntos electorales.
Es claro señalar que la reforma parte y viene de arriba, no del pueblo como lo asegura Claudia Sheinbaum, pues es lo “que han pedido”, falsa realidad.
La verdad es que AMLO y Sheinbaum van por todo a través de Morena; pretenden eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en elecciones federales y locales, ¡qué casualidad!, para pasar directamente al cómputo de votos.
El PREP en 2024 costó 237 millones de pesos y la elección fue la más cara de todas, 64 mil millones de pesos, aunque significó menos de medio punto porcentual. En la actualidad, en cada elección, el PREP arranca a las 20 horas de ese domingo reportando datos verídicos de las actas reportadas por el personal del INE desde las casillas instaladas.
Con la nueva ley electoral tiene la intención de llenar “el vacío de información” mientras llegan las actas de las 300 juntas distritales, algo prácticamente imposible de hacerlo, pues nuestro país se divide en 300 distritos electorales, lo que hará imposible cotejar un acta de Ensenada y otra de Cancún.
La preocupación de Sheinbaum Pardo no es la democracia misma, sino el ahorro de dinero para seguir repartiéndolo entre los más marginados y tenerlos amarrados para que voten por Morena.
Busca desprofesionalizar al INE para quitarle las áreas estratégicas; únicamente se dejarán “órganos temporales suficientes para organizar elecciones y consultas”, por lo que en cada elección se tendría que contratar a nuevos funcionarios sin experiencia.
También quiere tener un “nuevo modo” para los diputados de representación proporcional. El gobierno propone un complicado sistema por el cual 97 diputados de los 200 serán electos por haber quedado en segundo, tercer o cuarto lugar en las votaciones de sus respectivos distritos y 95 en un voto directo por circunscripción (recordemos que son cinco a nivel nacional), en el que el elector tendrá que sufragar obligatoriamente por un hombre y una mujer.
Asimismo, habrá ocho diputados (para cerrar los 200 de representación proporcional) con residencia en el extranjero (¿?), que serán votados por esa vía.
Respecto a la Cámara de Senadores, actualmente la integran 128 personas, pero de aprobarse esta reforma, que beneficiaría únicamente a Morena, se reduciría a 96 senadores: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.
Así pues, la nueva reforma morenista (que no debe ser aprobada) pretende dinamitar nuestra incipiente democracia, aniquilando totalmente al INE y, por ende, las futuras elecciones que serían supervisadas por la Secretaría de Gobernación; sería el último clavo en el ataúd de la llamada democracia.
Lo increíble es corroborar que la propuesta es de quienes se decían y se juraban demócratas, que la clamaban y la reclamaban cuando eran una incipiente minoría y ahora, ya instalados y apoltronados en el poder, la desean enterrar y, de esta forma, darle paso a su tan anhelada dictadura.
Esperemos que los petistas y verdeecologistas piensen y analicen muy bien, sin precipitarse, y que tomen conciencia de que, de aprobar esta perversa reforma electoral, no solamente se juegan su subsistencia como partidos políticos, sino también el futuro de ellos mismos, de sus hijos y familias y, por ende, de los más de 130 millones de mexicanos. Porque, de hacerlo, ellos mismos serán sus verdugos. Y, sobre todo, que sean conscientes de que la historia y todos los habitantes de nuestro país los juzgarán.
