Toluca/Estado de México
La nueva Legislatura, controlada en su totalidad por la bancada de Morena, decidió impulsar la desaparición del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) y logró la unanimidad de votos para lograrlo, bajo el argumento de que este programa, permitía al Ejecutivo, condicionar y controlar las decisiones tomadas por los diputados ante el Pleno.
A solo unos días de asumir el cargo y en su tercera sesión, avalaron que ninguno de los 75 podrá recibir los 2.5 millones de pesos anuales que podían gestionar desde la Secretaría de Finanzas, a fin de entregar apoyos a la gente de sus comunidades.
El PAC, único en el país, alcanzó 40 años de haber sido creado y representaba cada año un gasto al erario de 188 millones de pesos, ya que les correspondía a cada uno de los 75 legisladores 2.5 millones de pesos.
Este monto anual significó 7.5 millones de pesos para cada legislador durante tres años, que conforme a las reglas de operación, servían para realizar obras y entregar materiales de construcción a la ciudadanía.
A los diputados de Morena les hubiera correspondido con 31 diputados una bolsa de 77.5 millones de pesos al año; al PRI, 30 millones de pesos, en tanto que al PT con 27.5 millones de pesos a Encuentro Social, 25 millones de pesos; al PAN, 17.5 millones de pesos, en tanto que al PRD y al PVEM con dos legisladores, solo cinco millones de pesos a cada uno.
No obstante, Morena desde un inicio se pronunció por la anulación de este programa, ya que aseguran, ha servido para condicionar a los legisladores, pues a través de la Secretaria de Finanzas del gobierno estatal donde se gestionaban las reglas de operación, no se establecían pasos específicos sobre sus entrega.
A esta señalada opacidad, se sumaba que a pesar de que se trataba de recursos públicos, la página de transparencia de la Secretaria de Finanzas y la propia página de los diputados, no hacían público el monto que se le asignaba a cada uno de los diputados, por lo que nunca se supo si les fueron entregados en su totalidad.
De los 32 estados en el país, solo la entidad mexiquense contaba con un PAC que desde hace 40 años fue formado y aunque varios diputados se habían pronunciado por eliminarlo, nadie había logrado la mayoría para concretar su propuesta.
Este programa fue creado en el gobierno estatal del profesor Carlos Hank González (1969-1975), quien decidió destinar recursos del Poder Ejecutivo mexiquense para que los diputados locales trabajaran durante los periodos de receso en sus distritos electorales.
Desde ese momento, se estableció en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno que la Secretaría de Finanzas determinaría los lineamientos para el ejercicio y control del presupuesto asignado al programa.
Es así que para que un diputado pudiera gestionar apoyos con estos recursos, debía presentar las firmas de quienes serían los beneficiarios, en el caso de que el apoyo vaya a aplicarse a un plantel educativo, aunque era necesaria la firma de las autoridades educativas y de la asociación de padres de familia de la escuela en cuestión, con la finalidad de demostrar que existe acuerdo entre estos ámbitos, solo por poner un ejemplo.
Después al diputado le correspondía registrar la petición y de ser aceptada, el beneficiario debía emitir una carta de agradecimiento de manera previa a la recepción.
Quien fuera también diputado local en la actual Legislatura y ahora logró ubicarse en el Poder Legislativo federal Javier Salinas, promovió, vía Oficialía de Partes del Poder Legislativo, una iniciativa para desaparecer el Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) por considerar que resulta ilegal y que su ejercicio no es atribución constitucional de los diputados, además de que se asigna bajo criterios políticos y discrecionales, pero su propuesta tampoco fue analizada y mucho menos avalada.
El legislador recordó que las Constituciones estatal y federal, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establecen entre las facultades y obligaciones de los diputados locales las de legislar, fiscalizar los recursos públicos y aprobar los Paquetes Fiscales.
En ningún caso, reconoce la de “gestionar”, a través del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC), apoyos para sus representados, como se aprobó en el artículo 17 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2016.
Dijo que de acuerdo al Informe Legislativo 2016 elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) denominó al PAC, ésta es una práctica singular en el Estado de México, que es considerada como la “institucionalización del moche”, porque es una especie de pago a los diputados a cambio de la aprobación de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo Estatal.
Advirtió que 562.5 millones de pesos que durante los 3 años ejercía la Legislatura mexiquense en este programa, eran manejados con absoluta discrecionalidad, porque no existía disposición legal o normativa que obligara a comprobar la supuesta atención de las necesidades de los ciudadanos.
