La diputada de morena plantea que se penalice con hasta 22 años y seis meses de prisión esta unión informal, impuesta u obtenida mediante coerción, inducción, gestión, oferta o solicitud.

Integrantes de la Comisión Legislativa y personas servidoras públicas de los gobiernos estatal y federal resaltaron su relevancia debido al grave deterioro ecológico que padecen la cuenca y el río.