Con el inicio de operaciones del Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA) en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, este programa alcanza una cobertura de 47 por ciento de la población mexiquense, por lo que 7.6 millones de personas podrían ser beneficiarias de este mecanismo de justicia terapéutica que permite acceder a una alternativa a la privación de la libertad, la reducción del consumo de drogas y de la población penitenciaria, así como a una reinserción social.
El titular de la Comisión del TTA en el Poder Judicial mexiquense, el juez José Alfredo Cedillo González señaló que, con esta estrategia de reinserción social, el Tribunal mexiquense reitera su compromiso institucional de permitir que más personas tengan la oportunidad de retomar su proyecto de vida, abandonar el consumo de sustancias psicoactivas, así como restablecer sus vínculos familiares y laborales.
En audiencia realizada en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de dicho Distrito –que atiende a ocho municipios del sur mexiquense-, el juez especializado en tratamiento de adicciones, Edgar Garay Vilchis resolvió el recurso de Suspensión Condicional del Proceso a Prueba a favor de tres personas de 18, 19 y 20 años de edad imputadas del delito contra la salud, luego de ser detenidas en posesión de marihuana en hechos separados.
Derivado de lo anterior, los participantes se comprometieron a asistir a sesiones de tratamiento contra las adicciones al menos una vez por semana, no cambiar de residencia, abstenerse de ingerir sustancias psicoactivas y alcohol, contar con un empleo, estar bajo la vigilancia del juez; además dejar de frecuentar los lugares de consumo; todo esto por al menos un año.
El objetivo del TTA es frenar las adicciones a las drogas y al alcohol y reducir la actividad delictiva relacionada con este problema, a la vez que promueve la recuperación de los imputados adultos, adolescentes o sentenciados adictos.
Se espera que, para finales de 2017, el TTA esté presente en 11 de los 18 Distritos Judiciales y con ello alcanzar más del 80 por ciento de la población estatal con este mecanismo interinstitucional de reinserción social, en el que participa la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Poder Judicial.
