Toluca
Gerardo Oyervides Benítez, llegará en los próximos días al Estado de México para ocupar la titularidad de la Delegación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en sustitución de Jaime Ramos Neri.
Oyervides fue comisario general de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de Huixquilucan, durante la administración de Alfredo del Maza (actual gobernador) durante su gestión como presidente municipal en esa localidad. Después fue también delegado del Cisen en Chihuahua y Sinaloa.
Tiene Maestría en Ciencias de Derecho Internacional Privado por la Universidad autónoma de Nuevo León y amigo cercano del presidente Enrique Peña Nieto y del propio mandatario estatal, Alfredo del Mazo.
A su paso por Huixquilucan como responsable de Seguridad Pública enfrentó el tema del arraigo de al menos 15 policías municipales, asignados al C4, por presunta colusión con el crimen organizado (específicamente la organización criminal La Mano con Ojos que entonces asolaba municipios del Valle de México, entre ellos Huixquilucan), investigación a cargo del entonces procurador de Justicia, Alfredo Castillo Cervantes.
Otro de los grandes escándalos fue la ejecución de cuatro personas, dos de ellos decapitados, a solo unos pasos de la Central de Emergencias, base de la corporación policiaca municipal, en la colonia Ampliación Palo Solo.
En tanto, el delegado saliente, Jaime Ramos Neri, no pudo mantener el perfil bajo que le caracterizaba, luego del secuestro del que fue objeto en 2015. Entonces autoridades federales lograron su liberación, se dice, tras una negociación o pago de 4.5 millones de pesos.
El funcionario del Cisen fue “levantado” frente a su domicilio en Cacalomacán, municipio de Toluca. Tras cinco días del secuestro fue liberado y se mantuvo al frente de la delegación hasta la actualidad, nuevamente en un actuar discreto, para cumplir la responsabilidad encomendada.
RESPONSABILIDADES
Entre las responsabilidades del Cisen, de acuerdo con la página oficial, está la de proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el Estado de Derecho.
De acuerdo con la ley se entienden como amenazas de la seguridad nacional:
Espionaje, sabotaje, terrorismo (incluyendo actividades de financiamiento), rebelión, traición a la patria, genocidio, tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva, y actos en contra de la seguridad de la aviación y la navegación marítima.
- Actos tendientes a obstaculizar o neutralizar actividades de inteligencia o contrainteligencia.
- Destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.
- Interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano y actos que atenten en contra del personal diplomático.
- Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, incluyendo la obstrucción de operaciones militares o navales contra la misma.
- Acciones tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación.
Asimismo, los riesgos a la Seguridad Nacional se refieren a una condición interna o externa generada por situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como por desastres naturales, de origen humano o epidemias, que sin tener carácter de amenazas pudieran poner en entredicho el desarrollo nacional.
La Ley de Seguridad Nacional no establece de manera expresa los riesgos a la Seguridad Nacional, toda vez que no tienen un carácter permanente y se actualizan periódicamente dependiendo de los fenómenos coyunturales por los que atraviesa el país. Adquieren su fundamento en la Agenda Nacional de Riesgos aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
